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Sevilla

Abierto el juicio oral contra Torrijos por Mercasevilla

La Audiencia anula el auto en el que Alaya procesa a Torrijos

La juez Alaya ha abierto el juicio oral contra el exteniente alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, por la venta de los suelos de Mercasevilla.

En el auto, la magistrada también ha abierto juicio oral contra el exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, la exjefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante, el exasesor de Mercasevilla Jorge Piñero, el economista José Antonio Ripollés; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y el exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando José Luis Miró.

Mercedes Alaya atribuye a todos ellos un delito de fraude y exacciones ilegales en concurso medial con un presunto delito de prevaricación, además, ha requerido que, en el plazo de un día, presten fianza de manera solidaria por el importe de 33.250.000 euros de cara a “asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles”, con el apercibimiento de que “de no prestarla se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”.

Según agencias, dicha cantidad se basa en la fianza de responsabilidad civil de 25 millones de euros, más el tercio legal, “en la que se fijaba la pérdida para Mercasevilla por el deterioro del valor del inmueble atendidas las circunstancias adversas del mercado actual, radicalmente diferentes a las del año 2006, fecha del contrato de opción de compra”, añadiendo que esta cantidad “resulta de la diferencia entre el precio más alto de los ofrecidos por los licitadores que concurrieron y el ofrecido por Sanma que fue finalmente la adjudicataria”.

La juez Alaya ha rechazado rechaza declarar responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Sevilla “al no ser el mismo el único socio de Mercasevilla”, información que ha sido adelantada por Diario de Sevilla. La juez ha considerado que existe delito de fraude al haber existido “con motivo del concurso público sobre la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla un concierto previo” entre los citados cargos públicos, técnicos y empresarios “con el fin de que el citado concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria”.

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