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Las familias de la Corrala serán realojadas en días

La Junta ha decidido que la situación socioeconómica de las familias de la Corrala Utopía avala el realojo temporal de estas personas.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha anunciado este martes que los 15 informes elaborados por el Ayuntamiento de Sevilla sobre la situación socioeconómica de las personas que ocupaban la Corrala Utopía, avalan el realojo temporal de estas personas, extremo que su departamento ha realizado ya en ocho casos. En los próximos días, así, se hará lo propio con los casos restantes y certificados, porque dos familias no contabilizadas entre estas 15 siguen pendientes de evaluación.

Tras el desalojo de la corrala, las familias ocuparon la Plaza Nueva en forma de protesta y la Consejería de Fomento decidió entregar a varias familias llaves para su realojo provisional en viviendas de titularidad autonómica. Sin embargo, las rencillas surgidas a raíz de esto entre PSOE e IU paralizaron el resto de los realojos.

Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.

Tras concluir las nuevas evaluaciones sociales, el Ayuntamiento hispalense había remitido las mismas a la Administración andaluza con una carta dando cuenta de esta labor sobre «15 de las 17 familias solicitadas, con independencia de que hayan sido desalojadas o no», dando cuenta de que en un caso se trata de una persona empadronada en otro municipio diferente a Sevilla y en el restante, la persona en cuestión no habría acudido a «las citas concertadas» ni habría «colaborado» en la aportación de documentos.

Ya este martes, la consejera de Fomento ha anunciado que los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, a través de las citadas evaluaciones, han acreditado la situación de «exclusión social» o de «vulnerabilidad o riesgo» de las 15 familias sometidas a este procedimiento, con lo que su departamento completará el proceso de realojo provisional de las familias, que tiene como requisito legal que las mismas se encuentren precisamente en situación de «riesgo» o de «exclusión social».

El realojo se reanuda en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz del 12 de abril, que fija que las familias ya realojadas se mantendrían en las viviendas cedidas por la administración autonómica siempre que los servicios sociales municipales acreditasen su «riesgo de exclusión social», y que las pendientes serían realojadas si dicha situación quedaba acreditada por dichos servicios, extremos ambos «certificados por los informes actualizados».

Según la Junta, los citados informes de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejan que ocho de las personas o familias evaluadas se encuentran en un estado de «vulnerabilidad o riesgo», lo cual ya justifica «plenamente» su realojo provisional; y siete atraviesan una situación «deficitaria o de exclusión social», que es más grave aún que la anterior.

Así, las familias evaluadas son siete de las ocho ya realojadas, y ocho de las nueve cuyo realojo quedó pendiente de la actualización de los informes. De las dos familias de las que los servicios sociales comunitarios no han enviado informe actualizado, la Junta confirma que en un caso se trata de una familia no empadronada en Sevilla capital. La Consejería tiene pleno conocimiento de la situación de necesidad habitacional de esta familia, que tiene un menor a cargo, y a la que prestará atención a través del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.

Cortés ha expresado su reconocimiento a la labor «objetiva y profesional» de los trabajadores sociales del Ayuntamiento, pese a operar «en medio de una agresiva campaña del PP, con el alcalde, Juan Ignacio Zoido, al frente, campaña que ha tenido por objetivo desprestigiar a las familias y enfrentarlas a los demandantes de vivienda en adjudicación».

«Hasta el último segundo del último minuto, incluso cuando ya sabían que los informes avalan plenamente el realojo y el trabajo del Gobierno andaluz, el alcalde y la concejal Dolores de Pablo-Blanco han seguido mintiendo y denigrando a estas familias, con menores a cargo y en situación de grave dificultad», ha denunciado Cortés. «Lo más censurable de su estrategia de distorsión ha sido repetir una y otra vez que estas familias no cumplían los requisitos del baremo, pese a que el baremo no es de aplicación en los realojos. La realidad es que las dos únicas familias que en su día fueron baremadas sí cumplen los requisitos para acceder a una vivienda en adjudicación. Pero es que además para el realojo provisional no es necesario aplicar el baremo, que es un instrumento para la adjudicación permanente», ha remarcado Cortés.

El Ayuntamiento señala que hay más familias vulnerables

La delegada de Familia y Asuntos Sociales ha destacado que “en Sevilla hay muchos ciudadanos en situación de vulnerabilidad» y, por ello, «el Ayuntamiento estableció un baremo que determina la prioridad de entre todos ellos».
La Delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores De Pablo-Blanco, ha destacado, ante las declaraciones de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que “el Ayuntamiento ha cumplido en todo el proceso con la remisión de los informes sociales elaborados por sus trabajadores sociales con carácter prioritario. La Junta es responsable de sus decisiones desde el momento en el que entregó las llaves a las ocho familias ocupas anteriores como a las que ha anunciado que entregará hoy”.

Asimismo, De Pablo-Blanco ha explicado que “la Junta de Andalucía ha tramitado un expediente para esa entrega de llaves. Por tanto, es de su exclusiva responsabilidad, sin que el Ayuntamiento pueda ni avalar ni dejar de avalar lo realizado por la Consejería. Lo único que hace el Ayuntamiento es cumplir con la obligación impuesta en la ley de emitir los informes sociales con calificación de situación de vulnerabilidad, exclusión social y baremada. Desgraciadamente, en Sevilla hay muchos ciudadanos en situación de vulnerabilidad por contar con algún indicador de exclusión (desempleo, víctima de violencia de género, discapacidad, menores, dispersión de miembros de la familia en distintos hogares, entre otros). Por este motivo, el Ayuntamiento aprobó el baremo que determina la prioridad de entre todos ellos, garantizado así los principios de igualdad de trato, máxima transparencia, objetividad y garantía”.

La delegada de Familia y Asuntos Sociales ha señalado que “la Junta de Andalucía tendrá que explicar a la ciudadanía por qué ha tomado esas decisiones y por qué ha realojado a personas que, según los informes sociales, no están todas en exclusión social”. De Pablo-Blanco se ha preguntado que “por qué unos tienen más derecho qué otros, hay familias en Sevilla que están en la misma situación que las personas que van a realojar y que también tienen un solo indicador de exclusión para optar a un realojo, provisional o definitivo. Si solo han tenido en cuenta esto por qué se ha priorizado a estas personas que han ocupado ilegalmente una vivienda”.

“Lo primero que la Junta debe aclarar es qué criterio de selección han seguido para realojar, por qué se puede realojar a personas ocupas ilegales. No se debe premiar a aquellos que dan una patada a la puerta”, ha destacado De Pablo-Blanco.

“Qué es lo que ha cambiado desde que entregaron las llaves, qué ha cambiado ahora cuando nos pidieron que este Ayuntamiento elaborará los correspondientes informes sociales, entregados en tiempo y forma que parece que no han tenido muy en cuenta. Se le recuerda a la consejería que la adjudicación de vivienda tal y como viene contemplada en la Ley es competencia del Ayuntamiento, por lo que nunca puede amparar la ley una situación de origen ilegal como ellos pretenden. Todo realojo, provisional o no, implica adjudicación”, ha señalado De Pablo-Blanco, que ha concluido que “la Junta no busque en el Ayuntamiento ni avales ni excusas. Hemos actuado como marca la ley y dándoles prioridad en todo momento para atender a estas familias”.

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