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La Junta califica el desalojo como “engaño premeditado”

La delegada de la Consejería de Fomento y Vivienda en Sevilla, Granada Santos, ha condenado el desalojo de la Corrala Utopía el cual, ha dicho, “es impropio de un Estado social y democrático.

La titular de esta Consejería ha afirmado que el desalojo de la Corrala Utopía, que se ha producido durante la mañana de este domingo, pone de relieve el “engaño premeditado” del Gobierno de España a las familias afectadas, así como a la Junta de Andalucía y al propio Ayuntamiento de Sevilla, “a los que había garantizado que el desalojo no se produciría mientras las administraciones buscaban una solución”.

“En cuanto la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha visto que podía concretarse la solución, la ha boicoteado”, ha señalado Santos en declaraciones a agencias.

Santos ha censurado el “injustificable” desalojo policial de la Corrala Utopía, que se produce “mientras el Gobierno andaluz y el Ayuntamiento trabajan conjuntamente para buscar una solución, en unas negociaciones abiertas en cumplimiento de un mandato judicial que insta a las administraciones a asumir sus responsabilidades”.

Así, la delegada de la Junta ha expresado el “más enérgico rechazo” al “repentino, desleal e inesperado desalojo”, porque “carece del menor sentido que un poder democrático.

“Existía un compromiso de la Delegación del Gobierno en Andalucía de esperar a que la mesa de negociación entre la Junta y el Ayuntamiento diera sus frutos, un compromiso del que incluso el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, se hizo públicamente eco”, ha señalado Santos.

La delegada ha señalado que las negociaciones con el Ayuntamiento en este sentido estaban resultando “complejas”, “pese a las más de 500 viviendas desocupadas que posee el Consistorio y a que la normativa prevé perfectamente la cobertura de la necesidad de vivienda de familias en riesgo de exclusión social”.

Ante esta situación de “lentitud de los avances” en los contactos con el Ayuntamiento, el Gobierno andaluz mantenía abierta una vía de diálogo y negociación “fluida y constructiva” con Ibercaja, con el conocimiento del Ayuntamiento y del Defensor del Pueblo, para alcanzar una solución de urgencia hasta tanto la Junta concluya los alojamientos necesarios “para dar una solución definitiva”.

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