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Los sevillanos deben 52 millones de euros a las comunidades de vecinos

Sevilla es la tercera provincia con más deuda, solamente superada por Málaga y Cádiz. En concreto, el incremento en la deuda de las comunidades de vecinos ha supuesto un 10% más con respecto al 2012.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, Rafael del Olmo Garrudo, ha presentado, hoy jueves 27 de febrero, junto con José Feria Moro, vicepresidente segundo y José Luis García González, secretario, el balance de la situación de la vivienda administrada en Sevilla durante el 2013, según datos del Observatorio de Comunidades de Propietarios.

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla vienen trasladando a la sociedad, a las instituciones públicas y a los medios de comunicación, su preocupación por la creciente morosidad. Concretamente, en Sevilla esta deuda ha aumentado unos 5 millones de euros con respecto al año anterior. Se ha pasado de 47 millones de euros en 2012 a 52 millones en 2013. Estableciéndose la Comunidad de Andalucía en el primer puesto del ranking  de morosos en España y dentro de ella, Sevilla es la tercera provincia con más deuda, solamente superada por Málaga y Cádiz.

Como consecuencia de la crisis financiera y del sector inmobiliario, un ingente número de promotoras, constructoras y en menor medida, familias, no han podido hacer frente al pago de su deuda hipotecaria, razón por la que las entidades financieras, tras los desahucios ejecutados, pasan a ser propietarios de un elevado número de inmuebles, en especial, viviendas y locales. La situación crítica de algunas de estas entidades, junto con las enormes dificultades que tienen para hacer frente a la gestión de estos activos, provocan que no estén cumpliendo, puntualmente, con sus obligaciones económicas con la Comunidad de Propietarios.

Aunque sí es cierto que se ha atisbado una leve recuperación, ya que en el 2012 la morosidad de las entidades financieras en Sevilla ascendía a 11 millones de euros y en 2013 se ha registrado 10 millones, empatando en el segundo puesto con Cádiz, en el ranking andaluz. En este sentido, Andalucía ocupa también el primer puesto en morosidad bancaria. 

La morosidad financiera conlleva ingentes problemas económicos para los vecinos de esos inmuebles, que tienen que ver aumentadas sus cuotas comunitarias para afrontar el impago que originan el resto de las viviendas y locales con su morosidad. Los administradores de fincas colegiados están percibiendo en éste un sangrante problema económico, que conlleva la posibilidad muy real del deterioro de un edificio porque sus vecinos no pueden asumir el coste de los recibos que dejan de abonar dichas entidades.

El Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla es consciente de la urgente necesidad de adoptar todas las medidas que estén al alcance de las entidades financieras para dar solución a este problema, teniendo presente que únicamente se pide que cumplan, puntualmente, con sus obligaciones, para lo que pueden contar con el apoyo y colaboración de los Administradores de Fincas Colegiados.

En el ámbito nacional, el Observatorio de las Comunidades de Propietarios es claro y afirma que la situación es igual de alarmante. La deuda ha alcanzado los 1.789 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,97% con respecto al 2012. Así pues, el 40,9% de los ciudadanos no podrán asumir ninguna derrama extraordinaria para hacer frente a la rehabilitación, regeneración y renovación de espacios urbanos.

En el año 2013 entró en vigor la Ley de rehabilitación, regeneración y renovación de espacios urbanos, con el objetivo de fomentar la rehabilitación obligatoria de aquellos edificios que superen los 50 años al llegar al año 2018, rehabilitación que conllevaría un importante ahorro energético en los edificios. Para el Observatorio de las Comunidades de Propietarios, rehabilitar un parque de 25 millones de viviendas donde la mitad de ellas tiene más de 30 años, y una quinta parte, más de 50 años, es realmente difícil, dado que el 40,9% de los propietarios no podrán asumir ningún coste extraordinario para sufragar los gastos de la rehabilitación, regeneración y renovación de espacios urbanos.

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