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Carlos Vázquez señala a Torrijos en el “desbarajuste” de la Fundación DeSevilla

El secretario provincial del PCA y asesor de Diego Valderas en la vicepresidencia de la Junta de Andalucía, Carlos Vázquez, ha declarado como imputado por su etapa como delegado no electo de Economía y Empleo en el Ayuntamiento de Sevilla.

Carlos Vázquez ha declarado este lunes en el Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla como imputado en las diligencias abiertas por la denuncia presentada en noviembre de 2012 por el patronato de la extinta Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación, conocida como la Fundación DeSevilla. Los hechos se circunscriben a la etapa en que IU dirigía esta sociedad entre 2007 y 2011, y se imputan presuntos delitos societarios, de apropiación indebida, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude en subvenciones, delitos contra la hacienda pública e infidelidad en la custodia de documentos.
Vázquez, como delegado no electo de Economía y Empleo en el Ayuntamiento durante el Gobierno de PSOE e IU en Sevilla, presidió las sesiones de la comisión ejecutiva de la fundación y las sesiones del patronato con el cargo de vicepresidente primero. Ha dicho que en su etapa, el ex alcalde Alfreso Sánchez Monteseirín no apareció por DeSevilla. En la declaración sobre la gestión de la sociedad municipal, ha reconocido el “desbarajuste” pero asegura que se debió a que las subvenciones del Ayuntamiento no llegaban “en plazo”.Así, el ex delegado ha apuntado al Ayuntamiento de Sevilla como responsable de las irregularidades en DeSevilla, porque “no materializaba las subvenciones en fecha ni las concedía tampoco en fecha”, y ha señalado también al concejal de IU-CA, Antonio Rodrigo Torrijos y al ex gerente, Miguel López Adán, como responsables de algunos expedientes que se incluyen en la investigación.

El responsable ha negado la existencia de facturas falsas, y ha insistido en la dependencia de las ayudas del Ayuntamiento de Sevilla para justificar “el desbarajuste” de las cuentas. Algunos de los expedientes de cooperación internacional subvencionados “provocaban un quebranto en el patrimonio negativo de la fundación, porque las ayudas llegaban tarde y ocasionaban que no se pudieran ejecutar en plazo”.

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