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Zoido solicita la autorización de la Zona Franca en el puerto

El alcalde de Sevilla se ha reunido hoy con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro para tratar la autorización de la Zona Franca como “revulsivo” del puerto.

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido ha mantenido una reunión esta mañana con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro donde le ha entregado el expediente incoado en el ayuntamiento para solicitar la autorización de la Zona Franca así como la aprobación del reglamento de Régimen Interior para la gestión y explotación del mismo y los estatutos del Consorcio. En este sentido, Zoido ha señalado que “se trata de un proyecto muy importante cuya puesta en marcha de la Zona Franca en Sevilla supondrá un revulsivo para el puerto y un imán para las empresas, que queremos que sea una realidad cuanto antes”.

Dicho reglamento contiene seis capítulos donde se recogen las normas de a las que han de estar sujetos los operadores económicos. En él se recoge que el alcalde será el presidente del consorcio de la Zona Franca – compuesto por Ayuntamiento, la Diputación provincial, la Autoridad Portuaria, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, la Junta de Andalucía y el Gobierno central- que será el encargado de gobernar y administrar la zona.

Asimismo, todos los operadores económicos que se establezcan tendrán la obligación de llevar la contabilidad de existencias que será validado además por la Autoridad Aduanera.  Para instalarse en la Zona Franca tendrán que realizar una actuación previa ante el comité ejecutivo del consorcio, la obtención de la concesión y admisión como operador autorizado.

Los terrenos portuarios en los que está prevista la instalación de la Zona Franca ocupan 719.876 metros cuadrados y pertenecen al dominio público portuario. En este sentido, Juan Ignacio Zoido ha señalado que “la idea no es otra que promocionar la actividad de comercio exterior y atraer a inversores que potencien el desarrollo industrial de la ciudad” y ha añadido que  “para realizar dichas actividades será preciso contar con empresas prestadoras de servicios relacionadas con la actividad del transporte, carga, descarga, embalaje, desembalaje y cualquier operación accesoria o dependiente de las mismas”.

Las mercancías con las que está previsto que se opere son mercancías de carácter general. Según el Consistorio, son muchos los operadores económicos que han ido manifestando su apoyo al proyecto. El total del volumen aproximado de mercancía expresado en toneladas asciende a 1.733.990 toneladas, lo que en euros supondría 1.115.645 euros.

Según ha explicado el acalde “esta zona que gozaría de facilidades financiero tributarias permitirá que el puerto se convirtiera en una fuente de inyección económica y de nuevas oportunidades de empleo abriendo un horizonte de esperanza para Sevilla, utilizando su puerto como motor económico”.

Una comisaría para turistas extranjeros

Por otro lado, el alcalde de Sevilla se ha reunido también con el ministro del Interior, Jorge Fernández, con el que ha acordado la creación de una comisaría conjunta de Policía Local y Nacional en el Patio de Banderas que funcionará como Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE). Con este fin, se firmará un convenio para la cesión de las instalaciones ocupadas anteriormente por Cuerpo Nacional de Policía.

En concreto, estas dependencias policiales de atención al turista, que contarán con expertos policiales e intérpretes, ofrecerán una asistencia personalizada e integral al visitante que sea víctima de cualquier infracción penal.

Del mismo modo, han acordado también la firma de otro convenio para la cesión de la parcela del antiguo centro penitenciario de La Ranilla, propiedad de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSA) y situado junto a la Jefatura de Policía Local, para su uso temporal como aparcamiento para este Cuerpo.

Asimismo, en dicho encuentro Zoido y Fernández han avanzado en el convenio que permitirá que la Policía Local de Sevilla pueda realizar funciones de Policía Judicial y, por tanto, ampliar sus competencias haciéndose cargo de la investigación de delitos menores y faltas.

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