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Oficinas de Ayesa / Ayesa.com
Sevilla

La Guardia Civil registra las oficinas de Ayesa en La Cartuja por el «caso del 3%» en Cataluña

El juez José de la Mata de la Audiencia Nacional, el cual investiga las presuntas comisiones ilegales del tres por ciento en contratos adjudicados por la Generalitat de Cataluña, ha ordenado el registro de las oficinas de Ayesa Ingeniería situadas en La Cartuja, así como la sede de Barcelona de la empresa sevillana. El registro se ha producido desde las 14 horas de este martes 20 de noviembre.

El juez De la Mata habría detectado indicios que apuntarían a nueve empresas privadas de ingeniería que se presentaban a los concursos públicos de entidades de la Administración autonómica catalana, pactando entre sí para hacerse con los contratos, entre ellas, Ayesa.

Según la Guardia Civil, la investigación comenzó con el análisis de unos correos electrónicos de uno de los investigados fechados entre 2008 y 2011 y de los que se desprendería que determinadas empresas privadas, en connivencia con el sector público de la Generalitat de Cataluña, se habrían beneficiado del reparto de licitaciones públicas.

Con estos pactos, las empresas privadas  acordaban la cuantía de las ofertas que deberían presentar para excluir a las empresas competidoras que eran ajenas al citado pacto, abarcando los hechos investigados numerosas empresas públicas de la Generalitat.

Los delitos que se investigan son los de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y malversación, además de financiación ilegal de partido político, al ser una causa que deriva del ‘caso tres por ciento’ sobre la financiación irregular de Convèrgencia Democràtica de Catalunya (CDC).

Por el contrario, fuentes de Ayesa han declarado a Europa Press que la empresa cuenta con una sola oficina en Cataluña, que cuenta con una línea de negocio orientada a la ingeniería civil y que entre 2008 y 2010 habría obtenido  tan solo dos o tres contratos procedentes de la Administración autonómica catalana.

Por ello, Ayesa determina que los agentes de la Guardia Civil tan solo estarían recabando información con relación a tales contratos.

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