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Ángel Boza /SA
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Sevilla

La defensa acusa a la Fiscalía de buscar una “condena ejemplar” para La Manada

La acusación particular, que ejercen los dos vigilantes, solicita para Boza dos años y medio de prisión por un delito de robo con violencia.

Agustín Martínez, abogado de Ángel Boza, uno de los cinco miembros de La Manada condenados a nueve años de cárcel por abuso sexual a una joven en los Sanfermines de 2016 y para quien la Fiscalía de Sevilla pide cuatro años de prisión por robar unas gafas de sol el pasado día 1 de agosto en un establecimiento comercial de la capital hispalense y posteriormente embestir a dos vigilantes del centro comercial con su coche al huir del recinto, ha considerado que el Ministerio Público tiene “un ánimo especial” de “ejemplarizar” con este escrito de acusación.

En su escrito de acusación la Fiscalía solicita la apertura de juicio oral ante un Juzgado de lo Penal y considera que los hechos por los que se investiga a Boza son constitutivos de un delito de robo con violencia e intimidación y un delito leve de lesiones.

Por ello, el Ministerio Público considera que procede imponer a Boza, actualmente en prisión provisional por estos hechos, la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de robo y la pena de 50 días de multa con cuota diaria de seis euros (300 euros en total), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 25 días de privación de libertad por el delito leve, además del pago de las costas.

Por su parte, la acusación particular ejercida por los dos miembros de la seguridad privada del centro solicitan dos años y seis meses de prisión por un delito de robo con violencia y dos meses de multa a razón de seis euros al día por el delito leve de lesiones y aplicación de la responsabilidad subsidiaria en caso de falta de pago.

Igualmente, en el escrito de acusación de los dos vigilantes se indica que Boza deberá indemnizar a uno de los dos empleados de Seguridad en concepto de responsabilidad civil por los daños causados como consecuencia de las lesiones y daño moral en la cantidad de 234,32 euros.

Cabe recordar que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha procesado a Boza al entender que existen “indicios racionales” de que habría cometido supuestamente un delito de robo con violencia con resultado de lesiones y utilización de instrumento peligroso.

La defensa alegará la ausencia de antecedentes

Tras conocerse la petición de la Fiscalía, Agustín Martínez ha señalado que lo paradójico de la pena de prisión que solicitan para Boza por los hechos que se describen es que por estos mismos hechos las acusaciones que representan los intereses privados de las supuestas víctimas “exclusivamente piden dos años y medios”.

“Da la sensación de que existe un ánimo especial por parte de la Fiscalía de ejemplarizar o dar ejemplo, de hacer justicia más allá de lo estrictamente relacionado con los hechos”, ha planteado.

De otro lado, Martínez ha planteado una “seria queja” por ser los medios de comunicación los que tienen acceso en primer lugar a los escritos de parte y “todavía nosotros no tengamos a media mañana de este viernes la comunicación del escrito de la Fiscalía”.

No obstante, ha realizado una valoración del escrito de la acusación de la Fiscalía. Así, ha explicado que, “a pesar de que en la vista en la que se decretó la prisión provisional para Boza por estos se hizo referencia por parte del fiscal a la existencia de antecedentes penales de delitos contra el patrimonio, en su escrito, o mejor dicho sobre lo que se ha publicado en los medios, no figura referencia a alguna a esos antecedentes”.

“No figuran porque no existen”, ha sentenciado, lamentando que lo que se dijo para mantenerlo en prisión “no era cierto y real, y pudo llevar al propio tribunal, en este caso al juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, a la hora de dictar una resolución partiendo de una reincidencia que no existe”.

Por ello, ha anunciado que en su escrito de defensa planteará la inexistencia de antecedentes de delitos contra la propiedad, en concreto de robo con violencia, así como que Boza reconoció en su momento el delito leve de hurto.

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