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Detenidos por un tiroteo en el Polígono Sur el padre y los hermanos del joven que murió por una bala

Los familiares del joven fallecido dispararon el pasado 12 de mayo a una furgoneta que pertenecía a la familia de los autores del tiroteo. Tras la muerte del menor ‘Los Caracoleños’ se marcharon por miedo a venganza, habitando ahora en chabolas donde residen alrededor de 95 niños que no van a la escuela.

 

Miriam Rico/Agencias. La Policía Nacional y Local ha detenido al padre y a tres hermanos del menor que falleció el pasado 29 de marzo como consecuencia de un tiroteo en el Polígono Sur. Los cuatro han sido acusados de tentativa de homicidio tras protagonizar hace un par de días un nuevo tiroteo en este barrio.

Los citados familiares del joven fallecido dispararon al paso de una furgoneta que reconocieron que pertenecía a la familia de los autores del tiroteo donde murió el menor. Alrededor de las 14.00 horas del pasado martes 12 de mayo los cuatro detenidos iniciaron un tiroteo en el barrio hispalense del Polígono Sur, donde no se produjeron heridos aunque sí daños materiales.

El menor de 17 años falleció el domingo 29 de marzo cuando circulaba con su padre en un todoterreno por la zona donde en ese momento se producía una pelea entre toxicómanos. Al percatarse de la reyerta entre los dos grupos de diferentes clases de etnia gitana redujo la marcha y, en ese momento, una bala atravesó la ventana trasera del vehículo e hirió de gravedad al joven. El menor fue trasladado al hospital Virgen del Rocío donde fue intervenido quirúrgicamente.

La pelea se produjo frente a la zona habitada por las familias chabolistas que llegaron al Polígono Sur en 2005, procedentes de Los Bermejales. Los nuevos vecinos son varias familias distintas, aunque se les denominaba en el barrio como ‘Los Caracoleños’, al provenir de viviendas prefabricadas o caracolas.

El pasado martes 12, alrededor de la una de la tarde en la calle Luis Ortiz Muñoz, junto a los bloques conocidos como Los Verdes, el padre y los tres hermanos del menor iniciaron un tiroteo contra el clan de ‘Los Caracoleños’, cuyos miembros participaron en la reyerta en la que murió el joven.

Tras fallecer el menor, la mayoría de los miembros del citado clan se marcharon por miedo a una venganza y se han instalado en chabolas bajo el puente de hierro de San Juan. Las familias que aquí habitan se niegan a llevar a los niños al colegio, de forma que la delegación de Educación ya ha enviado a la Fiscalía un informe explicando que alrededor de 95 niños faltan a clase desde hace un mes y medio.

El presidente de la asociación de vecinos Martínez Montañés, Rafael Pertegal, relacionó el tiroteo con la ‘venganza’ que sucede a una muerte en estas circunstancias, aunque aclaró que “hay vigilancia, pues la policía autonómica pasa aquí alrededor de 17 horas diarias”.

Pertegal manifestó que los detenidos “vieron pasar la furgoneta de la familia de los desalojados de Bermejales y la tirotearon”, aunque aclaró que todos los miembros de este grupo han abandonado ya el barrio.

Los investigadores también reafirman el intento de venganza entre la familia del joven de 17 años que murió hace un mes y medio al recibir un disparo en la cabeza, y un pariente de alguna de las 35 familias que huyeron tras el suceso, ya que ciertos de ellos estaban implicados en la pelea.

Tras la detención del padre y los hermanos del menor fallecido, los familiares de los arrestados se han concentrado ante los calabozos de la Jefatura de Policía, alegando que deberían detener a los autores de la muerte del joven y no a sus parientes.

Alrededor de 300 personas abandonaron el barrio tras el tiroteo que provocó la muerte del menor y llevan 45 días viviendo en chabolas. Los ‘huidos’ piensan que el reciente tiroteo se inició debido a que la familia del joven fallecido vio a un familiar de alguno de los responsables que no se había ido del barrio.
Estas familias abandonaron el Polígono Sur prácticamente al día siguiente de que se produjera el tiroteo entre clanes de etnia gitana, aunque la muerte del menor se produjo días más tarde en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Virgen del Rocío como consecuencia de las lesiones craneoencefálicas derivadas del impacto de la bala.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional tiene aún abiertos todos los detalles de la investigación, en la que está trabajando en estos momentos. Por su parte, la Junta de Andalucía, el Comisionado del Polígono Sur y el Ayuntamiento de Sevilla están intentando resolver la situación. El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha abierto ya una queja de oficio y la Consejería de Educación ha remitido un informe sobre la situación de los 150 niños que allí se encuentran a la Fiscalía de Menores.

“Peculiaridades específicas” de los menores

La consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha advertido de las “circunstancias y peculiaridades específicas” que rodean el caso de los 95 menores de edad del Polígono Sur que no asisten a sus respectivos centros educativos, al haber abandonado sus familias este entorno como consecuencia del tiroteo que se saldó con la muerte de un menor de 17 años.

Micaela Navarro se refirió a la decisión de la Delegación Provincial de la Consejería Educación en Sevilla de remitir a la Fiscalía de Menores un informe del Servicio de Inspección que certifica que estos menores del Polígono Sur, todos ellos escolarizados, no asisten a sus respectivos centros educativos.

La Consejera aseguró que las administraciones trabajan “en coordinación” con estas familias, asentadas ahora en los aledaños del puente de Juan Carlos I en el tramo de la autovía SE-30 que conduce a la comarca del Aljarafe, y pidió “discreción y cuidado” para seguir trabajando y solucionar el asunto.

Amuradi considera “extremo” que se acuda a la Fiscalía

La Asociación de Mujeres Gitanas Universitarias de Andalucía (Amuradi) ha considerado como “extremo” que la Administración haya acudido a la Fiscalía de Menores para solucionar los problemas de escolarización de los 95 menores cuyas familias abandonaron el Polígono Sur.

La entidad lamentó la escasa implicación de las administraciones para “solucionar algo que ya tenía que haber estado resuelto desde hace ya mucho tiempo” y criticaron la implicación de la Fiscalía de Menores cuando “antes de esto se podían haber adoptado otras medidas justas y solidarias con quienes son las víctimas de la pobreza”.

Además, lamentaron que se traslade a la opinión pública la idea de que tragedias como esta se justifican con elementos culturales de la etnia gitana, pues las venganzas y leyes que se retratan “no se corresponden en absoluto con la comunidad gitana”.

Por último, la asociación afirmó sentirse “indignada” por las condiciones tercermundistas que tienen que padecer todas estas familias con sus niños pequeños.

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