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El Ayuntamiento de Tomares observa “irregularidades” en la investigación de la Fiscalía

El fiscal ve indicios “más que suficientes” de la participación de Sanz y Carmona en el ‘caso Tomares’

El Consistorio señala que la Fiscalía está cometiendo “graves irregularidades” en su investigación y le acusa de proceder con “interpretaciones sesgadas”.

El Ayuntamiento de Tomares, gobernado por José Luis Sanz, ha advertido este viernes de que la Fiscalía de Sevilla, en la investigación de las retribuciones pagadas en el anterior mandato al actual concejal del PP Juan Campos con cargo a las arcas municipales, ha incurrido en “graves irregularidades, errores, inexactitudes e interpretaciones sesgadas de la Ley”. Avisando de una “persecución” y una situación de “indefensión”, los concejales del PP afectados por la causa solicitarán “amparo” a la Audiencia Provincial, informan agencias.

El Consistorio tomareño reacciona así después de que el Ministerio Fiscal impugnase los seis recursos formulados por el delegado de Presidencia en el Ayuntamiento de Tomares, Eloy Carmona; el delegado de Medio Ambiente, Juan Campos; y la actual delegada de Cultura -antes responsable de Medio Ambiente en el Consistorio-, Mercedes Fuentes; entre otros ediles, contra el auto del 30 de abril de 2014 que acuerda la inhibición a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La Fiscalía ha opuesto a todos estos recursos porque las imputaciones “obedecen al resultado de la investigación practicada, resultando indicios más que suficientes de la participación en los hechos de cada uno de los imputados”. “El auto expresa los indicios razonables de participación de los imputados en los hechos y de la persona aforada que determina la inhibición al Supremo”, dice la Fiscalía en referencia al alcalde.

Tras este posicionamiento de la Fiscalía, el Ayuntamiento de Tomares ha emitido un comunicado en el que avisa de que “llama la atención que (el Ministerio Público) resuelva en sólo 14 líneas sus alegaciones a los seis recursos, máxime cuando la propia Fiscalía ha estado ausente en la mayoría de las diligencias de instrucción y reconoce de manera literal ‘la complejidad derivada de las propias características de los hechos'”. “La Fiscalía despacha el escrito en apenas media cuartilla, aspecto que resulta sorprendente, máxime cuando en algunas de las actuaciones no ha estado presente”.

Para el Consistorio, es “absolutamente escandaloso” que la Fiscalía hable de “indicios razonables” pero no motive “esa expresión tan inconcreta”, sobre todo cuando “en el recurso formulado por la defensa, queda acreditado de manera indubitada la multitud de errores cometidos en la investigación de los hechos y en las diligencias de instrucción, plagadas de contradicciones lamentables, como las que el mismo auto contiene”.

“La investigación dirigida por la Fiscalía contiene graves irregularidades, a pesar de la colaboración que en todo momento ha prestado el Ayuntamiento”, asevera incluso el Consistorio, según el cual la denuncia penal firmada por la Fiscal Jefe, María José Segarra, “está basada en las denuncias falsas de rivales políticos y en una investigación plagada de errores, inexactitudes e interpretaciones sesgadas de la Ley”.

“En el colmo del despropósito, se ha llegado a afirmar la ausencia de un contrato que ha sido aportado en reiteradas ocasiones por el Consistorio”, toda vez que “la supuesta incautación de ordenadores, que el Ayuntamiento puso de forma inmediata a disposición de la Policía Judicial, fue conocida a través de los medios de comunicación, que publicaron que la visita de la comisión judicial se iba a producir antes de que llegase la comitiva encabezada por el secretario judicial”.

El comunicado expone la “indefensión permanente” que sufren los concejales del PP a cuenta de la Fiscalía y “la actitud gamberra del principal denunciante, el concejal del Partido Andalucista que siempre conoció los hechos”, pues “no se puede ignorar que Alberto Mercado era el primer teniente de alcalde y número dos del Ayuntamiento de Tomares en la fecha en que se produjeron unos hechos que conocía a la perfección y en los que participó”.

“Todo ello nos lleva a concluir que la línea de trabajo que sigue en este caso el Ministerio Público no es objetiva y puede vulnerar los derechos fundamentales de unas personas que en todo momento han colaborado con la Justicia. A pesar de ello seguimos manteniendo un profundo respeto al sistema judicial y pediremos amparo a la Audiencia Provincial”, concluye el comunicado del Ayuntamiento.

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