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Alcalde de Tomares en Pleno
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El Supremo investigará a Sanz por la contratación de un edil

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La jueza que investiga la contratación de un concejal de Tomares se inhibe de la causa y la envía al Tribunal Supremo al afectar a José Luis Sanz, alcalde de Tomares y senador del PP.

La jueza de instrucción del juzgado número 8 de Sevilla que investiga la presunta contratación irregular de un concejal como asesor del Ayuntamiento de Tomares, ha dictado un auto en el que se inhibe y envía el caso al Tribunal Supremo, al afectar a José Luis Sanz, alcalde de Tomares y aforado por su condición de senador.

De esta forma, el Alto Tribunal será el que asuma la investigación y resuelva la participación de Sanz en el caso. Cabe recordar que la Fiscalía interpuso denuncia penal por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos contra el delegado de Presidencia en el Ayuntamiento de Tomares, Eloy Carmona, el delegado de Medio Ambiente, Juan Campos, y la actual delegada de Cultura -antes responsable de Medio Ambiente en el Consistorio-, Mercedes Fuentes.

De esta forma, y según el auto al que ha tenido acceso Sevilla Actualidad, se pone “claramente de manifiesto que los informes han sido elaborados en el año 2013 con el fin de justificar el cobro de las facturas”. El mismo documento judicial asegura que “Juan Campos pidió al secretario del Ayuntamiento de Tomares, Bretones Sayago, que elaborara informes para aportarlos”.

La Policía Científica, tras la investigación, concluye que “los documentos fueron creados en febrero de 2013 y borrados en noviembre del mismo año”, aunque advierte que “no se ha podido localizar el ordenador con el que se elaboró los informes”. Lo que sí ha podido corroborar la Policía tras las diligencias previas es que “las fotografías que se adjuntaban en los informes no fueron tomadas en las fechas indicadas, entre los años 2007 y 2008, sino en fechas posteriores”.

El auto apunta también a la inexistencia de un documento de aprobación del gasto para el periodo comprendido entre octubre de 2007 y mayo de 2008, así como que se establece un límite presupuestario de 18.000 euros para la contratación de Juan Campos para “la ejecución del servicio de vigilancia y coordinación en materia de medio ambiente, tráfico y seguridad vial”. Sin embargo, Juan Campos llegó a cobrar del Ayuntamiento de Tomares en ese periodo 52.454,88 euros, y si se limita al periodo que circunscribe el contrato, sería de 24.525.88 euros, como se indica en el auto.

De otro lado, el auto también afirma que “se insiste que era público y notorio que el Sr. Campos trabajaba para el Ayuntamiento, mas lo que ha podido acreditarse, en todo, caso, es que frecuentaba el Ayuntamiento a diario, el despacho del alcalde, el del Sr. Guerra y el de Dña. Mercedes Fuentes, sin que se precise a qué fin o quién le asignaba tareas y a quien rendía cuentas”.

“Llegado este punto”, mantiene la jueza, “sin poder verificarse que realizase trabajo efectivo alguno ni emitiese informes, el examen de las sucesivas facturas aportadas contradice lo que el propio imputado Sr. Campos declara y sostiene, pues afirmando que no tenía obligación de emitir informes, el concepto que refleja en tales facturas es claramente referido a informes e informes de especial complejidad”.

A tenor de ello, “debe estimarse que existen en la instrucción (…) indicios suficientes para estimar que pudieran concurrir los elementos de tipo penal pretendido de prevaricación y malversación” en Juan Campos, Eloy Carmona, Mercedes Fuentes y el alcalde José Luis Sanz. También considera el auto que se dan “indicios suficientes” en el segundo periodo, que afectaría a Juan Campos, Barrios y Carmona, “no pudiendo eludirse la posible responsabilidad por los hechos del Sr. Alcalde, que suscribe la contratación”.

Informes de una frase

Cabe recordarse que ya en junio, el concejal del PA en el Ayuntamiento tomareño, Alberto Mercado, y la concejal de IU, Valme Sánchez, denunciaron ante la Fiscalía la contratación del delegado de Medioambiente en el Consistorio de Tomares por presuntas irregularidades. Durante el anterior mandato, Juan Campos firmó un contrato de asesoramiento con el alcalde, José Luis Sanz, que tenía “como objeto la inspección de los servicios de Limpieza y supervisión de los trabajos propios del área de vías y obras”.

Dicho contrato fijaba que los trabajos se prestarían desde el 1 de octubre de 2007 hasta el 30 de septiembre de 2008, sin posibilidad de prórroga dado que la Ley la prohíbe expresamente. En el mismo se fijaban unos honorarios de 975 euros al mes, más 150 euros “por la elaboración de informes o dictámenes de especial complejidad”.

Sin embargo, los concejales de la oposición alertaron de que muchos de los informes constaban tan solo de una línea, que, a juicio del edil andalucista, “carecen del rigor técnico que motivaría que se estén pagando más de trescientos euros de media por escrito”. Asimismo, en su denuncia Mercado recoge que “pese a que el contrato fijaba la finalización del servicio en septiembre de 2008 el concejal de Medio Ambiente siguió pasando facturas hasta más de un año después, sin contrato que obre en el expediente, al margen de la Ley y con el pleno conocimiento y consentimiento del alcalde de Tomares”.

Del mismo modo, Mercado también denunció ante la Fiscalía el informe que respaldaba la legalidad en la contratación del delegado de Medio Ambiente. Este informe, firmado por el delegado de Presidencia, Eloy Carmona, el alcalde, José Luis Sanz, y el vicesecretario interventor, porque, según constató el edil “habla de partidas que son ficticias y no existen en el presupuesto” y “fue realizado ocho meses después de la firma del contrato”.

Por todo ello, la Policía Judicial registró a comienzos de año el Ayuntamiento tomareño, requisando dos ordenadores.

“Sanz conocía todo lo que estaba sucediendo”

Mientras tanto, la portavoz socialista del Ayuntamiento de Tomares, Cristina Pérez Gálvez, ha asegurado hoy que la elevación del caso Tomares al Supremo confirma “la implicación del alcalde en los casos de corrupción que se han denunciado en este ayuntamiento. Sanz conocía todo lo que estaba sucediendo, sin descartar que fuera el artífice”.

“Una situación grave que llega después de que el PSOE denunciara la retirada de documentación de esta situación por parte de la policía impidiendo la labor de oposición, por lo que ahora el señor José Luis Sanz va a tener que dar ante el juez las explicaciones que no ha querido dar ante los vecinos y vecinas, ocultando todo lo que ha podido”.

Cristina Pérez espera que la justicia “actúe con toda la celeridad posible, porque es evidente que esta elevación va confirmando nuestras sospechas. Nuestra única preocupación ahora es conocer si se van a derivar más responsabilidades después de que un juez intuya que, presuntamente, un senador utilizaba el ayuntamiento como una agencia de colocación y contrataba a dedo a los figurantes de las listas que se quedaban fuera del equipo de gobierno, despreciando los mecanismos más elementales de la democracia. Todavía tiene posibilidades el Partido Popular de asumir responsabilidades y de anunciar dimisiones, pero sobre todo, Sanz tiene la oportunidad de dejar de tapar la corrupción que ha traído a este ayuntamiento”.

Una situación que para Gálvez “pudo ser el motivo de que Sanz no sea el presidente del PP de Andalucía con el aval de Zoido y de Cospedal, por lo que quizás no fuera el único en saberlo y en taparlo”.

Según la portavoz, “el señor Sanz debería ahora, porque no ha querido hacerlo antes, ofrecer las oportunas explicaciones”, sin dejar también de informar “sobre las facturas que el Ayuntamiento ha pagado al partido, las que han aparecido y las que pueden aparecer”, pues lamentablemente “los plenos de explicaciones que ha realizado hasta la fecha sólo han sido una pantomima en la que, según lo que ha sucedido hoy, sólo han servido para reírse de los ciudadanos”.

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A. Balbuena/F. Amador/A. Campos

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