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El alcalde de Lora del Río defiende su gestión en la contratación de la depuradora

El alcalde de Lora del Río ha querido aclarar la gestión de la contratación de la depuradora de la pedanía de Setefilla.

En un comunicado, el primer edil loreño ha negado que dentro de esta gestión exista alguna ilegalidad, tras recibir una denuncia por parte del presidente de la Asociación de Vecinos de Setefilla. “La noticia en sí resulta ser un galimatías de falsedades presentadas para que parezca una ilegalidad, y nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que se trata de un pago realizado legalmente, o mejor dicho, necesariamente, pues al amparo del Real Decreto-Ley 4/2012 del Plan de Pagos a Proveedores, el Ayuntamiento estaba obligado a pagar dicha factura pendiente”.

En el Programa FEIL de 2008 fue incluida una obra denominada “Saneamiento c/Copera, Parque Infantil y Depuradora de Setefilla”, la cual fue adjudicada, previa la tramitación del proceso de licitación correspondiente, a una empresa en el año 2009. El proyecto aprobado por el Pleno incluía entre sus partidas todo el material necesario para la instalación de la depuradora y la propia máquina depuradora, según ha explicado el Gobierno Municipal.

“Una denuncia infundada planteada por el presidente de la Asociación de vecinos de la pedanía donde se pretendía realizar la obra y que resulta ser hermano del número dos de Loreños Independientes impidieron que la obra se finalizara dentro del plazo concedido, habiéndose abonado hasta entonces dos certificaciones de obras y encontrándose presentada una factura de acopio de materiales incluidos en el proyecto. Esta última no pudo ser pagada, pues al finalizar el programa FEIL, quedó desprovista de consignación” ha señalado el comunicado.

“Sin embargo, como he dicho, por la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 4/20012, se obligaba a los Ayuntamientos a abonar todas aquellas facturas pendientes, presentadas antes del 1 de enero de 2012, tuvieran o no consignación presupuestaria, derivadas de contratos de obras suscritos al amparo de la normativa de contratos del sector público, como era el caso. Posteriormente dicho pago fue aplicado al presupuesto mediante su inclusión en el Presupuesto General del ejercicio 2012, tal y como las normas presupuestarias disponen” ha añadido el primer edil.

Así, el Gobierno Municipal ha defendido su conducta en este asunto ya que ha considerado que ha sido “escrupulosa con la legalidad, tal y como se le ha puesto de manifiesto al Tribunal de Cuentas en un extenso informe acompañado de más de treinta documentos acreditativos de lo ajustado a derecho de la actuación. Dicho Tribunal no ha abierto diligencia alguna, tan sólo ha dado traslado del contenido de la denuncia del LIS para que se informe al respecto, pero no existe actuación judicial alguna”.

“Se trata de un vano intento de lograr en los juzgados lo que no logran en las urnas, es decir, apartarnos del gobierno por medio de la intoxicada publicidad que logran de la denuncia infundada ante los organismos judiciales”, ha concluido.

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