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Mina de Aznalcóllar / JA
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Ecologistas en Acción pide el cese del secretario de Agricultura por el caso Aznalcóllar

También solicita a la Consejera Carmen Crespo el cese inmediato del Secretario General de la Delegación Territorial de Sevilla, Salvador Camacho, imputado como representante de la Consejería de Medio Ambiente en la Mesa de Contratación que adjudicó fraudulentamente el concurso minero.

Ecologistas en Acción ha solicitado al actual Gobierno de la Junta de Andalucía que demuestre «que no comparte y no pretende dar continuidad a los procedimientos fraudulentos y corruptos que en materia de minería desarrollaron los gobiernos del PSOE durante décadas, y en particular el Gobierno de Susana Díaz, que amparó el sospechoso procedimiento de adjudicación del concurso minero de Aznalcóllar a la entidad Minorbis-Grupo México». Este se resolvió el 25 de febrero de 2015 por la entonces Directora General de Minas, María José Asencio Coto, para que el PSOE pudiera “vender”, según los ecologistas, la reapertura de la mina ante los miles de desempleados de la comarca de Aznalcóllar en la campaña de las elecciones andaluzas del 22 de marzo de 2015.

El grupo ecologista recalca que, por ahora, «el Gobierno del PP y C’s ha mantenido a toda la cúpula minera del PSOE, empezando por la Secretaria General, Natalia González Hereza, que trabajó durante años a las órdenes de la imputada Sra Asencio Coto».

El Juzgado de instrucción nº3 de Sevilla ha acordado, mediante auto de 10 de octubre,  ampliar las diligencias previas 979/2015 a los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales, que se suman al tipo inicial de prevaricación, todos ellos participantes en la resolución del concurso minero. Este auto se produce en respuesta al de 26 de septiembre de la Jueza Alaya de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ordenaba reabrir las investigaciones.

También ha decidido la jueza de instrucción citar con la condición de investigados a la totalidad de los miembros de la Comisión Técnica y de la Mesa de Contratación de ese concurso minero, y a Vicente Fernández Guerrero que ostentaba el cargo de Secretario General de Industria de la Junta de Andalucía cuando se resolvió el concurso y que tras el auto de la Jueza Alaya ha sido fulminantemente cesado por el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez de su cargo al Presidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Sin embargo, los ecologistas denuncian que el Gobierno andaluz mantiene en su cargo de libre designación al investigado Salvador Camacho Lucena, «que actuó en la Mesa de Contratación como representante de la extinta Consejería de Medio Ambiente del PSOE y que actualmente sigue siendo Secretario General de la Delegación Territorial en Sevilla de la actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,  competente en medio ambiente, dirigida por Carmen Crespo».

Desde esos cargos, Salvador Camacho «está permitiendo la tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Especial de actuación minera y de la Autorización Ambiental Unificada de la Mina de Los Frailes en Aznalcóllar», cuyo promotor es la empresa Minera Los Frailes que no es la adjudicataria del concurso resuelto en 2015, sino que es una empresa participada por Minorbis (5%) y Grupo México (95%).

La solicitud de AAU se realiza además, falseando hechos en un intento de fraude de ley, que el Sr. Camacho conoce sobradamente, porque Minera Los Frailes se presenta ante la Delegación Territorial de la Consejería como titular de una concesión minera inexistente, porque todavía no se ha otorgado, y todo ello bajo la aceptación jurídica del Secretario General, Salvador Camacho, cuya principal función es precisamente la asistencia técnico-jurídica de la Delegación Territorial.

Es por ello que Ecologistas en Acción ha solicitado a la Delegada Territorial, María Isabel Solís y a la Consejera Carmen Crespo el «cese inmediato del Secretario General investigado y la suspensión de la tramitación de los expedientes ambientales».

Igualmente, Ecologistas en Acción pedirá a la titular del Juzgado nº3 de Sevilla que por seguridad jurídica y supremacía del Derecho Penal sobre el Administrativo, decrete la suspensión de la tramitación administrativa de todos los procedimientos ambientales relacionados con la reapertura de la Mina de Los Frailes en Aznalcóllar, hasta la conclusión de las investigaciones penales.

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