La Policía Local estará plenamente operativa en La Ranilla antes de final de marzo
Algunas unidades de la Policía Local ya están en las nuevas dependencias y está previsto concluir la mudanza en las próximas semanas con el traslado de las unidades más numerosas.
La Policía Local de Sevilla estará en su nueva sede de La Ranilla antes de final del presente mes de marzo, una vez que termine la mudanza que se está llevando a cabo estos días y que está previsto que termine en las próximas semanas.
El proceso de mudanza ya está en marcha y en estas dos semanas se ha concentrado la mayor parte con el traslado de las unidades más numerosas. Así, partir de hoy se irán a La Ranilla la Unidad de Medio Ambiente (UMA), la Línea Verde, el Grupo Fiscal, el Grupo Diana, Operaciones, la Unidad de Tráfico, la Oficina de Gestión de Atestados (OGA), la Inspección de Guardia y la Unidad de Intervención Nocturna (UIN).
Hasta el momento ya se han trasladado la Unidad de Informática, entre otros servicios administrativos de la Policía Local, y los servicios de la Dirección General de Movilidad están culminando su mudanza y a partir de la próxima semana prestarán sus servicios en las nuevas dependencias.
El delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Demetrio Cabello, ha mostrado su satisfacción porque se haya logrado desbloquear la situación heredada en cuanto a la nueva sede y ha destacado el esfuerzo que supone estar llevando a cabo ya el traslado, además de agradecer la colaboración de los funcionarios.
De igual modo, ha recordado que el actual gobierno se encontró “un edificio en bruto, con muchas carencias y deficiencias, y se ha estado trabajando duramente para solucionarlas cuanto antes y empezar dar uso a unas instalaciones muy necesarias”.
“Como ya dijimos tenemos que irnos con los mismos muebles que tenemos porque la situación económica no permite una inversión en mobiliario, pero lo importante es que en breve podremos hacer uso de la nueva sede”, ha afirmado Cabello, quien ha señalado también el ahorro que supone para el Ayuntamiento dejar de abonar el pago por el alquiler de los edificios de la actual sede en Cartuja.
