Hacienda aprueba el plan de ajuste municipal de Carmona
Permitirá el pago de 5,1 millones de euros a los proveedores.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha valorado favorablemente el plan de ajuste económico del Ayuntamiento de Carmona que permitirá al Consistorio financiar el pago de 5,1 millones de euros en concepto de facturas atrasadas a los proveedores.
Esta decisión fue comunicada el pasado lunes al Ayuntamiento y supone la aprobación por parte del Gobierno central de un plan económico que no incluye ni la reducción de plantilla municipal, ni la desaparición de empresas municipales ni la bajada de sueldos de los trabajadores públicos, sino que fomenta medidas para mejorar la gestión de los ingresos y la reducción de gastos en las arcas municipales.
El alcalde de la localidad, Juan Ávila, ha mostrado su satisfacción por el respaldo oficial del Ministerio de Hacienda "puesto que certifica que el plan elaborado por este Ayuntamiento garantiza nuestra sostenibilidad financiera en los próximos años y nos permite afrontar el pago de las 2.839 facturas atrasadas a los cerca de 400 empresas y proveedores, que son una verdadera prioridad para nosotros".
El plan de ajuste señala que el aumento de ingresos procederá en su mayor parte del impulso que desde el Ayuntamiento se va realizar en la inspección tributaria para detectar los posibles fraudes fiscales que se están produciendo, especialmente en los impuestos de obras y en el IBI urbana y rústica, así como la regularización de construcciones ilegales en su término municipal.
En lo referente a la reducción de gastos, se ha previsto la amortización de las plazas vacantes en la plantilla municipal y la supresión de un complemento de productividad por objetivos del que se benefician determinados trabajadores municipales.
Asimismo, el plan incluye, entre otras medidas, la optimización del sistema de telecomunicaciones y telefonía, que ya se está aplicando y que supone un ahorro de unos 40.000 euros anuales, la disminución del gasto en suministro eléctrico por valor de unos 100.000 euros al año, la instalación de cámaras de videovigilancia en edificios públicos que sustituya la vigilancia privada (ahorro de 21.000 euros anuales) y la disminución de algunas subvenciones.
