Los servicios jurídicos de la Junta estudiarán recurrir el límite de endeudamiento para Andalucía
La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, anuncia que el presidente Griñán y Rajoy tienen abierta una vía de "trabajo y diálogo" en la búsqueda de una solución.
El Consejo de Gobierno ha autorizado solicitar un estudio a los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía con objeto de recurrir por todas las vías posibles el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de reducir el límite de endeudamiento de la comunidad andaluza del 15,1 al 13,2% para 2013.
La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha informado de que el informe encargado incluirá "todos los recursos jurídicos necesarios", "bien por la vía contencioso-administrativa o bien por la constitucional", para "defender" los intereses generales de Andalucía e "impugnar la decisión discriminatoria" adoptada por el Gobierno central.
La consejera ha considerado que esta decisión, aprobada en una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, responde al "ataque frontal" del Ejecutivo español "al autogobierno y a la capacidad de decidir de Andalucía, recogidos tanto en la Constitución Española como en nuestro Estatuto de Autonomía, y a la discriminación que supone para todos los andaluces las nuevas medidas impuestas".
Igualmente, ha criticado que el Gobierno autonómico fue informado, "sin previo aviso y sin notificación", de la modificación del límite, que discrimina "a Andalucía y a todas las comunidades que han logrado reducir su deuda". Así, ha indicado, "mientras que a Andalucía se le conmina a reducir el límite de deuda del 15,1 al 13,2%, lo que en la práctica se traduce en un hachazo de otros 2.735 millones de euros en los Presupuestos de 2013, a otras autonomías que tienen disparado su nivel de endeudamiento por encima de la media se les permite aumentar el límite para el próximo año", como es el caso de Cataluña o la Comunidad Valenciana.
La titular de la Presidencia e Igualdad ha señalado, por otra parte, que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "han hablado sobre el límite de la deuda y ambos se han manifestado a favor de mantener abierta la vía de trabajo y de diálogo en la búsqueda de una solución que reconsidere los efectos que tendría para Andalucía el rebaje del límite de endeudamiento adoptado por la CPFF".
Susana Díaz ha anunciado también que otra de las medidas acordadas por el Consejo de Gobierno ha sido la petición al Parlamento de Andalucía de celebrar un Pleno extraordinario en el que los grupos políticos con representación "debatan y consensuen una posición común, y a ser posible unánime", de cara a la Conferencia de Presidentes autonómicos que, a petición de Griñán, aceptó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prevista para septiembre.
La consejera de la Presidencia ha insistido en que las decisiones tomadas por el Gobierno central son un "ataque frontal a la igualdad de los españoles, independientemente del lugar en el que vivan y que suponen un golpe durísimo a la educación, desde la educación infantil hasta la Universidad y el sistema de investigación y ciencia, y también a la sanidad pública de los andaluces y andaluzas".
"Lo peor que nos puede pasar a los españoles en general y a los andaluces en particular es que la crisis termine con la igualdad de oportunidades, una igualdad de oportunidades que se basa en una educación de calidad para todos y todas; en un sistema sanitario que atienda a todos y todas, sin discriminación y en unos servicios sociales que apoyen a las personas más necesitadas", aseguró.
Según Díaz, lo que estas medidas "ponen en peligro", son "la salud de los andaluces, la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes, y el cuidado y la atención de nuestros mayores". En este sentido, ha recordado las palabras de José Antonio Griñán referidas al recorte del límite de endeudamiento. "El Gobierno andaluz tendría que optar en 2013 por, o bien cerrar 19 hospitales públicos (todos los de la red del SAS); o despedir a 60.000 empleados públicos, uno de cada cuatro trabajadores de la Junta", ha advertido.
Por último, la consejera ha dejado claro que la Junta tiene la voluntad de "apostar por el diálogo y por un trabajo conjunto donde se encuentren alternativas a los perjuicios que la medida del CPFF tendría para los andaluces".
