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La Audiencia de Navarra rechaza poner en libertad a ‘La Manada’

La Audiencia de Navarra deniega la petición de libertad provisional para los cinco acusados de violar a una joven en las fiestas de San Fermín.

La Audiencia Provincial de Navarra ha denegado este viernes la petición de puesta libertad de las defensas de los cinco miembros de ‘La Manada’ acusados de violar en grupo a una joven en la madrugada de las fiestas de San Fermín de 2016. El tribunal de la Audiencia rechaza así la petición del abogado del guardia civil acusado presentada el pasado martes que solicitaba libertad provisional para su defendido y a la que el resto de acusados se unió.

Jesús Pérez, el abogado, amparó su petición aludiendo a la invalidez de algunas de las pruebas presentadas y razonando que la presunción de inocencia de su defendido no había sido respetada . La decisión del tribunal viene respaldada por dos de sus miembros, José Francisco Cobo y Raquel Fernandino, y con el voto particular de Ricardo Javier González, que sí apoyaba poner a los acusados en libertad provisional con medidas cautelares. Los otros dos magistrados creen que el derecho de presunción de inocencia no puede quebrantarse ya que «no se ha producido ninguna declaración de culpabilidad». El tribunal recuerda que la petición del letrado «se formula inmediatamente después de la conclusión del juicio oral, de modo que la Sala no ha podido establecer dicho pronunciamiento de culpabilidad, ello sin perjuicio de que la Sala pueda adoptar las decisiones oportunas sobre la situación procesal de los procesados en función del desarrollo de las deliberaciones».

El caso quedó visto para sentencia el martes con las conclusiones de las defensas de los acusados, a quienes se le imputan un delito continuado de agresión sexual, un delito contra la intimidad y un delito de hurto por robar el móvil de la víctima. La Fiscalía pide por su parte 22 años y diez meses de prisión para cada uno de los acusados, así como 100.000 euros de indemnización. Los abogados de la denunciante solicitan 24 años y 9 meses de prisión y 250.000 euros en concepto de indemnización. Una pena que las acusaciones populares, el Ayuntamiento de Pamplona y el gobierno navarro, elevan a 25 años y seis meses de prisión.

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