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Dos años de condena para el acusado del botellazo a Armando

El hincha del Real Betis acusado de lesionar de un botellazo al exportero del Athletic de Bilbao Armando Ribeiro cumplirá dos años de cárcel y pagará una multa de 2.160 euros por delitos de lesiones y desórdenes públicos. La Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado la absolución dictada el pasado septiembre por el Juzgado de lo Penal número 1.

Además de sendos castigos, el condenado pagará una indemnización de 4.000 euros al exjugador por las lesiónes y secuelas sufridas por el futbolista.

Los hechos sucedieron en el transcurso de un partido en el estadio Benito Villamarín (Manuel Ruiz de Lopera, por aquellas fechas) entre el Betis y el Athletic de Bilbao cuando el portero del club rojiblanco, Armando, recibió el impacto de una botella de agua de medio litro, obligando a la suspensión del encuentro, tras la cual se dio como perdedor al equipo sevillano.

La Audiencia no comprende la valoración de la primera sentencia, ya que «es contraria a la lógica, al sentido común y a la evidencia», pues, en primer lugar, «no se puede poner en entredicho la credibilidad de los testigos de cargo, y el juez no sólo lo hace, sino que analiza todos los testimonios para llegar a la conclusión de que los hechos en los que descansan las acusaciones están probados».

De hecho, «se da la circunstancia de que el propio acusado, desde el primer momento» y desde que prestó declaración en el Juzgado de Instrucción el 16 de marzo de 2008, «reconoce» que el día de los hechos «estaba presenciando el partido de fútbol que se jugaba en el campo del Betis y, en un momento dado, arrojó una botella de agua que impactó en la cara del portero del equipo de fútbol contrario».

Según ha informado a agencias el abogado del acusado, Álvaro Pimentel, se estudiará la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia, que no aplica la atenuante de dilaciones indebidas que él mismo solicitó a pesar de ser éstas «muy claras».

El letrado se ha mostrado «muy sorprendido» ante la indemnización de 4.000 euros que el condenado está obligado a pagar, algo que no había sido solicitado ni por la Fiscalía ni la acusación popular que ejercía el Athletic de Bilbao, y a la que incluso renunció el propio afectado.

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