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El SAS logra más de 2.500 condenas por agresiones en ámbito sanitario

La Consejería de Salud logra más de 2.500 condenas por agresiones a profesionales en los centros sanitarios públicos desde 2005. Por su parte la Policía Nacional ha creado la figura del Interlocutor que es el encargado de poner freno a este tipo de conflictos.

La Asesoría Jurídica del SAS realiza 2.399 asistencias jurídicas a profesionales víctimas de agresiones y consigue 163 condenas por delitos de atentado

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha logrado más de 2.500 sentencias condenatorias por agresiones a profesionales en los centros sanitarios públicos, desde que en 2005 la Consejería de Salud pusiera en marcha el ‘Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales’, primero a nivel nacional en este ámbito.

De las sentencias condenatorias logradas durante este tiempo, 163 han sido por delitos de atentado y el resto por amenazas, lesiones e injurias, entre otras. En total, la Asesoría Jurídica del SAS ha realizado 2.399 asistencias letradas a profesionales víctimas de agresiones en el desempeño de su trabajo en los centros sanitarios públicos en estos doce años. Sólo en el año 2017 se han realizado 164 asistencias letradas y se han logrado 154 sentencias condenatorias, 32 de ellas por delitos de atentado.

En la celebración del Día Nacional contra las Agresiones en el ámbito sanitario, la Consejería de Salud se suma al llamamiento que hacen profesionales, organizaciones sindicales y colegios profesionales en toda España para luchar contra estos actos injustificados e inaceptables.

La directora general de Profesionales del SAS, Celia Gómez, ha asegurado que debe existir “tolerancia cero” frente a las agresiones y ha apelado a seguir trabajando conjuntamente entre todos y todas en esta lucha. “Estamos hablando de un tema muy sensible y creemos necesario contar con la complicidad de los pacientes y de la sociedad en su conjunto, por lo que debemos seguir concienciando sobre este problema”, ha enfatizado, a la vez que ha condenado cualquier acto violento contra los profesionales de la sanidad andaluza.

El ‘Plan de prevención y atención de agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz’ engloba asistencia jurídica, apoyo psicológico, formación y diferentes medidas y protocolos que tienen como objetivo prevenir y minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir en sus centros de trabajo.

Este Plan establece un protocolo de actuación, en el que se recomienda a los profesionales qué hacer ante una agresión física o verbal. La primera medida que se aconseja a los profesionales es solicitar ayuda a una tercera persona (personal de seguridad o un compañero) para manejar la situación y, al mismo tiempo, para que pueda ser testigo de los hechos. Si la situación persiste, se recomienda avisar a los Cuerpos de Seguridad para que se personen en el centro y notificar el hecho al responsable del centro sanitario.

Asimismo, los centros sanitarios cuentan con más de 6.000 elementos de seguridad para asegurar un ambiente de confianza a profesionales y usuarios.

Más de 54.000 profesionales formados

Para evitar situaciones conflictivas y abordarlas adecuadamente, el SAS ha impartido formación sobre esta materia a un total de 54.056 profesionales durante este periodo. El objetivo es dotar al mayor número posibles de profesionales de las habilidades sociales necesarias para evitar situaciones de conflicto en su relación con los usuarios, por lo que los profesionales aprenden a identificar posibles situaciones de conflicto y actuar en consecuencia.

Así, aprenden a diferenciar los tres tipos de comportamientos básicos en la comunicación interpersonal –estilo pasivo, estilo agresivo y estilo asertivo-, ofreciéndoles, además, las herramientas necesarias para conocer y mantener un comportamiento que favorezca el establecimiento de una relación de confianza mutua con el usuario, capaz de superar la situación de angustia que pueda estar viviendo el paciente.

Asimismo, los profesionales aprenden a identificar los indicadores de riesgo más frecuentes de la conducta agresiva, el perfil de los potenciales agresores y a saber actuar cuando una situación se desborda. Igualmente, el curso dota a los profesionales de habilidades como autocontrol, saber escuchar activamente y empatizar con los usuarios para evitar situaciones de riesgo.

Esta iniciativa incluye además ejercicios prácticos, a través de los que los profesionales pueden identificar su propio estilo de comunicación y elaborar, incluso, un plan por escrito o guión para actuar de manera asertiva.

Una tasa de 11,43 agresiones por 1.000 profesionales

En 2017, se registraron un total de 1.115 agresiones entre profesionales de la sanidad pública, de las que 293 fueron sufridas por hombres y 822 por mujeres. La mayoría de agresiones se concentran en el personal sanitario (médicos, profesionales de enfermería y auxiliares de enfermería), con un 78% del total.

La tasa de agresiones por número de profesionales se sitúa en 2017 en 11,43 casos por 1.000 profesionales, una cifra que se mantiene estable en los últimos tres años.

A nivel nacional no existe un registro que permita conocer año a año cómo evoluciona este problema en el conjunto del Sistema Nacional de Salud y la última tasa disponible del conjunto de comunidades es del año 2011, cuando la media estatal era de 12,83 agresiones por 1.000 habitantes, por lo que Andalucía se encuentra en la actualidad por debajo de esa cifra seis años después.

Como el propio Plan andaluz establece, las relaciones que se establecen entre ciudadanos y profesionales en el ámbito de la prestación de los servicios sanitarios no son ajenas a posibles cargas de agresividad, un fenómeno que no es específico de los servicios sanitarios y que debe abordarse como un problema multifactorial, siendo complicado dar una única respuesta a su prevención y control.

Los principios básicos de este Plan son la integralidad, coordinación, orientación de servicio a los profesionales, adecuación de infraestructuras y de procedimientos de trabajo, mejora continua y respeto hacia los derechos de los ciudadanos.

De ahí que el Plan recoja tres tipos de medidas para reducir la incidencia y atenuar la intensidad y consecuencias de la agresión: medidas preventivas, dirigidas a dotar a los profesionales de habilidades de comunicación para mejorar la interacción con los pacientes y familiares; acciones contra los agresores (como localización de usuarios agresivos que justifique la decisión de facilitar al personal sanitario un acompañante y denuncia al juzgado) y actuaciones en caso de incidentes dirigidas a establecer de manera explícita como actuar en caso de agresión.

Labor de la Policía

La Policía Nacional cuenta con la figura del Interlocutor Policial Nacional Sanitario que se encarga de coordinar, cooperar, desarrollar y ejecutar las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación a personal sanitario. Además son el punto de contacto permanente con los representantes de los centros médicos, colegios profesionales y autoridades territoriales competentes.

La figura del Interlocutor Policial Nacional Sanitario fue creada para poner freno a las agresiones a nivel nacional, garantizando una atención personalizada a los profesionales sanitarios que sufran violencia o amenazas.

Con el objetivo principal de disminuir los actos delictivos cometidos en centros médicos, el interlocutor mantiene continuas reuniones con el sector sanitario para  establecer una comunicación más fluida y adoptar las medidas de seguridad para disminuir el riesgo. Además ofrece asesoramiento a los centros que lo soliciten para prevenir agresiones y formar a los propios sanitarios con medidas de autoprotección.

A nivel territorial, otros 56 agentes desarrollan la función en las principales ciudades de toda la geografía nacional.

Desde su creación se ha realizado un censo de centros hospitalarios que han sido catalogados según su nivel de riesgo. Esta información se actualiza cada seis meses y permite conocer el catálogo de medidas preventivas que posee cada instalación para poder adoptar las medidas específicas oportunas.

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