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Andalucía

La Fiscalía pide incoar diligencias contra Arellano por posible prevaricación

Ramírez de Arellano, investigado por prevaricación

La Fiscalía Superior ha remitido al Alto Tibunal andaluz la causa para averiguar la responsabilidad del actual consejero en un presunto delito de prevaricación y falsedad cuando era vicerrector de la US.

La Fiscalía Superior ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que incoe diligencias de investigación penal contra el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, por la posible comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público presuntamente cometidos cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla (US).

Según informan agencias, ha sido este mismo jueves cuando la Fiscalía Superior, con sede en Granada, ha remitido al Alto Tribunal andaluz el decreto en el que insta la incoación de diligencias contra el actual consejero, que posee la condición de aforado.

Como miembro del Consejo de Gobierno andaluz, según el Estatuto de Andalucía, la investigación y eventual enjuiciamiento para exigir posibles responsabilidades correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Colegio de Arquitectos de Sevilla presentó una denuncia el 27 de marzo de 2015 contra el actual consejero y anteriormente rector y vicerrector de la Hispalense por entender que adjudicó de manera «arbitraria» la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).

Los hechos se remontan a septiembre de 2008, cuando la Universidad de Sevilla firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius, una construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos.

Los denunciantes consideraron «contradictorio» que la licencia de obras para el edificio se concediera con base en un proyecto básico que fue visado el 13 de agosto de 2008, más de un mes antes de que, oficialmente, la Universidad le encargara el trabajo a los autores mediante el contrato.

La US afirma que «ha actuado conforme a Derecho»

La Universidad de Sevilla tuvo conocimiento eeste miércoles de la decisión adoptada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de remitir las diligencias de investigación contra Arellano a su Sala de lo Civil y lo Penal.

La US, en un comunicado ha expresado su «máximo respeto» a la Justicia y su «disposición» desde el inicio del procedimiento para el esclarecimiento rápido de los hechos investigados. Asimismo, ha señalado que la Universidad «ha actuado en todo momento conforme a Derecho, ateniéndose siempre a la legalidad vigente».

La Hispalense señala que la denuncia «se enmarca» dentro de las «numerosas actuaciones judiciales que contra la Universidad interpone el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla por actuaciones de diversa naturaleza» al tiempo que «lamenta profundamente que se confundan procedimientos administrativos con actuaciones que pudieran derivar en consecuencias penales».

Resulta llamativo que el Colegio de Arquitectos de Sevilla utilice la denuncia ante la Fiscalía cuando al mismo tiempo, y por los mismos hechos, ha acudido a la vía Contencioso-Administrativa; donde ha mantenido y mantiene litigios en diversas materias relativas a Planes de Estudios, académicas, de gestión de personal, de contratación, etc.

«En consideración, la Universidad de Sevilla pide el máximo respeto como institución centenaria para ella, para sus empleados públicos y para el servicio que prestan a la comunidad. Y exige el respeto a la presunción de inocencia que la Ley y la Justicia nos presupone a todos», recoge el comunicado.

La US también ha destacado la «labor desinteresada como servidor público» de Ramírez de Arellano, así como «su buen hacer y honorabilidad y de su no intencionalidad y en todo caso inocencia en los hechos investigados».

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