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Andalucía no privará a los inmigrantes de atención sanitaria

Aquilino Alonso respalda a las comunidades que, en estos meses, han restaurado la universalidad de la sanidad a este colectivo.

La Junta de Andalucía continuará garantizando asistencia sanitaria a las personas extranjeras que no tienen regularizada su residencia en la comunidad y que carecen de recursos económicos y aseguramiento. Desde la Junta de Andalucía, siempre se ha defendido la universalidad de la sanidad pública sin hacer distinciones en función de los recursos económicos.

Tal y como ha afirmado el consejero de Salud, Aquilino Alonso, “es una decisión solidaria que intenta proteger a la población más vulnerable y sin recursos”. En Andalucía, se viene garantizando la asistencia sanitaria a estas personas, desde 1999, “por lo que consideramos inadmisibles las amenazas del Ministerio de Sanidad”. Desde 1999, la comunidad andaluza garantiza la asistencia sanitaria a estas personas mediante diferentes instrucciones sanitarias que se han ido adaptando a las necesidades de cada momento y siempre dentro de la legalidad vigente y la competencia autonómica.

La atención sanitaria a extranjeros no regularizados se mantendrá, por tanto, por razones humanitarias y de salud pública. Además, tal y como señala el consejero de Salud, “es absolutamente falso que esta protección que se da desde Andalucía a las personas inmigrantes incumpla o pueda contravenir los acuerdos sobre asistencia sanitaria a ciudadanos de países miembros de la Unión Europea”.

Además, el propio Ministerio ha remitido a las comunidades el documento “Acuerdo sobre criterios mínimos para la dispensación de asistencia sanitaria y protección a la salud a extranjeros en situación irregular”, con el objeto de homogeneizar la atención que se ofrece a estas personas en las distintas comunidades. Con este documento, el Ministerio intenta consensuar con las comunidades la asistencia a personas inmigrantes y, de forma general, volver a la situación anterior al Real Decreto Ley de 2012 que los dejaba fuera.

Sin embargo, tal y como critica Alonso, “ahora el Ministerio amenaza con penalizaciones y sanciones a las comunidades que ofrecen asistencia sanitaria y usa como arma la presión de la Unión Europea”.

Por este motivo, la Consejería de Salud solicita coherencia y claridad al Ministerio de Sanidad porque no se puede jugar con la salud de personas tan vulnerables como los inmigrantes sin recursos que llegan a nuestro país.

Atención en Andalucía

En Andalucía, la población inmigrante recibe un documento de reconocimiento temporal que se emite en los distritos de atención primaria y que garantiza el acceso al sistema sanitario público dentro de la comunidad autónoma. Este documento es fruto de diversos convenios suscritos con asociaciones y organizaciones no gubernamentales al objeto de facilitarle a este colectivo su acceso al servicio sanitario con todos los derechos. Con este documento se hace posible la identificación de las personas inmigrantes y permite hacer un seguimiento de los servicios que se les presta y de su estado de salud.

El número de documentos temporales distribuidos entre la población inmigrante ha descendido, en los últimos años, en paralelo a la disminución de la población inmigrante en la comunidad.

Desde que en 2012 entrara en vigor el Real Decreto del Gobierno que deja sin cobertura a las personas inmigrantes, Andalucía ha reconocido el derecho a la asistencia sanitaria a más de 110.000 personas inmigrantes que se hubieran quedado sin prestación sanitaria con la normativa estatal. Actualmente, son 27.000 los inmigrantes que tienen documento sanitario temporal.

La exclusión de la sanidad pública de la población inmigrante en situación administrativa irregular no es una medida de ahorro, ya que su frecuentación a los servicios sanitarios es baja. De hecho, las atenciones a la población inmigrante no regularizada supone una mínima parte del total de las asistencias sanitarias. La frecuentación de estas personas a los centros de salud sólo representa el 0,6% de las consultas totales, el 2,3% de la asistencia a urgencias y el 7% de los partos atendidos.

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