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Unidad de rectores y Junta para prorrogar la aplicación del 3+2

La Junta respetará la decisión que tomen las sedes académicas en cuanto al modelo a seguir y garantiza su financiación. Los rectores pretenden retrasarlo hasta el curso 2016/2017.

La Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha rechazado aplicar el decreto de reordenación de Grados universitarios aprobado por el Consejo de Ministros -el llamado ‘3+2’, que supone tres años de grado y dos de máster-, abogando en su lugar por una moratoria de la posible aplicación del mismo hasta evaluarse los resultados del actual sistema vigente, el Plan Bolonia.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta, José Sánchez Maldonado, que ha precisado que ese ha sido el posicionamiento adoptado por los rectores participantes y los representantes de alumnos en la CAU, cuya reunión ha encabezado este martes la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

El establecimiento de una moratoria ya fue aprobado este lunes en el seno de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) -que cualquier trámite de la reforma se retrase hasta septiembre de 2016, para que si alguna universidad quiere, en algún momento y en virtud de su autonomía, aplicarla, se haga en el curso de 2017-, algo que ha sido este martes apoyado por la Junta.

A juicio de Sánchez Maldonado, que ha informado al Consejo de Gobierno de los términos de la reunión, la reforma «rompe el principio de igualdad, nace sin consenso de la comunidad educativa y supone un nuevo recorte encubierto del gasto público al encarecer la factura universitaria de los estudiantes y disminuir la financiación pública en, se estima, más de 800 millones de euros». Así, ha explicado que la norma «disminuye en un 25% los grados, para los cuales se puede acceder a beca, una opción que no existe en los másteres».

La reforma planteada por el Gobierno, que permite la oferta de grados universitarios de tres años más dos de máster, «ataca la igualdad de oportunidades del sistema educativo público, ya que los estudiantes de menos recursos pueden buscar refugio en esta opción quedándose en el grado, con una menor preparación y una mayor dificultad de acceso al mundo laboral», ha destacado el consejero, quien ha recordado que el coste de los créditos de los másteres es superior al de los grados.

Además, ha añadido, este sistema «encarece la posibilidad de completar la formación y el acceso a estudios de tercer ciclo» (doctorado). El coste del crédito de máster es superior al de grado, debido a que se trata de una formación que requiere de un cuerpo docente más especializado, ha puntualizado.

El titular de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo considera, además, que el Real Decreto genera confusión social, ya que «la convivencia entre los dos modelos impide que la educación actúe como ascensor social al encarecerla en un momento en el que el Gobierno central ha bajado las cuantías de las becas de estudios».

El consejero ha destacado que la norma se ha aprobado sin contar con el consenso social y político necesario, «como viene haciendo el Gobierno central en materia educativa». Esto ha provocado el rechazo de los rectores, que la han calificado de reforma precipitada.

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