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La Junta recupera 25.000 euros de facturas “indebidamente cobradas” por UGT-A

El sindicato UGT en Andalucía ya ha reintegrado más de 25.000 euros en facturas “indebidamente cobradas” y enmarcadas en la trama expedientes de regulación de empleo fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya.

Según ha anunciado la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la sesión de control al Gobierno celebrada esta mañana en el Parlamento andaluz, a éste reintegro se ha procedido en los últimos días y la administración sigue “realizando todos los procedimientos de reintegro para recuperar hasta el último euro” defraudado en los fondos de formación para el empleo.

En concreto, el sindicato UGT-A ha devuelto dos facturas de más de 12.000 euros cada una que se cobraron de manera indebida al Gobierno autonómico por un acto del Instituto Andaluz de la Mujer y por una cena en la caseta de la Feria de Abril.

Según ha insistido Díaz, la Junta va a “apoyar” la acción de la Justicia y a “investigar y depurar responsabilidades si las hay”. Al mismo tiempo, ha avanzado que, una vez haya recuperado todo el dinero cobrado de manera irregular, los servicios jurídicos de la administración autonómica “estudiarán cuál es la estrategia más idónea para defender los intereses” de Andalucía.

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Por su parte, el presidente del Partido Popular andaluz, Juan Ignacio Zoido, se preguntó hoy “para qué hemos cambiado de presidente si la heredera mantiene el modelo y no limpia la corrupción”. No obstante, valoró que Díaz quiera sumarse, “a pesar de la oposición de Rubalcaba”, al pacto contra la corrupción que impulsa el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la Ley de Transparencia “más implacable de la historia de España”.

Zoido se refería así a la reunión entre Mariano Rajoy y Susana Diaz prevista para hoy e instó a la presidenta a recordar que Rajoy “es leal con Andalucía y ha permitido que se mantenga el empleo público en nuestra comunidad cuando la Junta no tenía dinero para pagar las nóminas, ha conseguido frenar la destrucción de empleo y ha conseguido crear confianza alejándonos del rescate”.

El presidente del PP andaluz señaló que si Díaz quiere sumarse al pacto contra la corrupción “debe empezar por Andalucía, por lo que tiene alrededor”, y le recordó que la causa de los EREs empezó por tres o cuatro golfos y ya van por 171 imputados, de los cuales 42 son altos cargos de la Junta de Andalucía.

Denunció que Susana Díaz guarda silencio ante las peticiones de transparencia y lucha contra la corrupción” que le hace el PP y le reclamó que “deje de dar más motivos para dudar de unos gobernantes que han arropado la mayor trama de corrupción en la España democrática y que ha nacido, se ha alimentado y se ha tapado en los bajos fondos de la Junta de Andalucía”.

Zoido aseguró que el PSOE es “hoy por hoy el principal sospechoso por posible financiación ilegal”, por lo que Díaz debería ser “la primera interesada en despejar todas las sombras de corrupción en la Junta y en su partido”.

Presupuestos Generales del Estado

Otro de los puntos del debate ha venido marcado por los Presupuestos Generales del Estado. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha recalcado que el Gobierno andaluz está «en condiciones de presentar a los ciudadanos el presupuesto que Andalucía necesita».

La presidenta de la Junta ha señalado que en un momento «difícil» como el actual se hace necesario «revisar todas y cada una de las partidas» en materia de ingresos y gastos. Entre las medidas en materia de ingresos, Susana Díaz ha señalado los fondos europeos, la mejora en la venta de activos y la equidad y la eficacia del sistema tributario, con iniciativas como la nueva regulación del acceso a los beneficios públicos y contra el fraude fiscal, que han supuesto ya un ahorro de 230 millones para la Administración.

En lo que se refiere a los gastos, Díaz ha señalado que «no podemos caer en la tentación» de reducir el coste de lo público o el número de empleados y ha abogado por seguir ahorrando en partidas como la publicidad, el protocolo o las estructuras administrativas. En este sentido, ha recordado que el sector público instrumental, que se someterá a revisión, está dedicado en más de un 90% al gasto social y que el Ejecutivo que preside defiende «proteger el empleo al máximo».

La presidenta de la Junta ha denunciado también la incidencia de los Presupuestos Generales del Estado en Andalucía, con un recorte de 800 millones por la reducción de un 36% del objetivo de déficit público, mientras que, si se aplicara a la comunidad la rebaja del 2,6% que la Administración central se reserva para sí misma, la disminución sería de 62 millones. Este recorte, ha criticado Susana Díaz, es por tanto una «decisión política y no económica». La presidenta de la Junta ha reclamado al Gobierno central que convoque la comisión bilateral para abordar el cumplimiento de esta disposición en los últimos siete años.

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