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El 'cambio de postura' del Gobierno con respecto al decreto se debe a la "sinrazón en la que está instalado el bipartito" según la portavoz de los populares andaluces, Alicia Martínez / Sevilla Actualidad
Andalucía

El PP-A justifica el recurso al decreto antidesahucios en la “sinrazón” del bipartito

El Partido Popular justifica el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy al decreto antidesahucios por la “sinrazón en la que está instalado el bipartito” con esta norma. Para los populares el decreto “no tiene alcance” para solucionar el problema de vivienda de familias vulnerables.

El PP ha defendido este viernes el “cambio de postura” del Gobierno ante lo que ha valorado como un “decretazo” de la Junta de Andalucía. El anuncio que tras el Consejo de Ministros ha realizado la vicepresidente Soraya Sáez de Santamaría de recurrir el decreto-ley sobre la función social de la vivienda se debe a la “sinrazón” de socialistas y comunistas.

La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez, ha explicado que el posicionamiento del Gobierno “es lógico” después de que los populares andaluces hayan presentado 82 enmiendas al decreto sin que desde PSOE e IU se hayan tomado en consideración. “Hemos intentado cambiarlo y plantear un modelo alternativo para que no haya dudas jurídicas y para que sea efectivo, pero de las hasta 82 enmiendas que hicimos no se nos ha aceptado ninguna”, ha censurado Martínez, quien también ha rechazado que el decreto se haya convertido al final en un “decretazo” al no tramitarse como decreto-ley en el Parlamento.

Alicia Martínez estima que el decreto-ley andaluz “va más allá de en lo que la propia comunidad tiene competencias” y por eso el Consejo de Estado ha dado luz verde a recurrirlo al Constitucional.

En su cuenta oficial en tuiter, el PP de Andalucía ha escrito que “el Gobierno sitúa de nuevo a Andalucía en Europa” y entiende que el decreto de función social de la vivienda que rige en Andalucía como “un obstáculo”. El pasado lunes 24 de junio la Comisión Europea (CE) apercibió al Gobierno español al afirmar que el decreto antidesahucios de la Junta puede afectar “negativamente” a la estabilidad del sistema bancario y a la recuperación económica.

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