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Alaya imputa cuatro delitos al exviceconsejero de Empleo por el caso de los ERE

La magistrada Mercedes Alaya ha imputado cuatro delitos a Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía. La jueza le acusa de presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial.

Según la jueza, durante su etapa como alto cargo, se concedieron 220 ayudas sociolaborales y otras 27 ayudas directas, lo que supuso el uso de fondos públicos por importe de 468 millones euros en ayudas concedidas de forma “indiciariamente arbitraria”. De este modo, Barberá tendría conocimiento a la misma vez que el exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, de “la falta de legalidad en los procedimientos seguidos para la concesión de ayudas sociolaborales y de ayudas directas a empresas, así como de la ilícita concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta de Andalucía”.

Tras la negativa de Barberá a responder a las preguntas de la jueza, la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla ha solicitado a la jueza una fianza de 624 millones de euros y la retirada del DNI, en lugar de prisión provisional, algo que sí hizo con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero. En el auto dictado por la jueza, se le retira a Barberá el DNI y el pasaporte y le obliga a comparecer todos los lunes, aunque no se ha pronunciado sobre la fianza solicitada por la fiscalía.

En dicho auto se recoge que el imputado «no sólo consintió que se omitiera groseramente la normativa estatal y autonómica en materia de subvenciones, sino que permitió presuntamente el incumplimiento de la normativa comunitaria de obligado cumplimiento». Según la jueza, “las consecuencias de este irregular procedimiento fueron conocidas” por el exviceconsejero cuando la Intervención General realizó en 2005 una serie de informes en los que exponía la “total inadecuación del procedimiento elegido a través del convenio marco, y que las irregularidades derivadas de esta anormal situación no eran meramente formales sino de fondo”.

 

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