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Andalucía

Los populares lamentan que Empleo y Educación estén “salpicadas por manchas de corrupción”

La formación se pregunta si queda alguna consejería “que se pueda salvar” y pide a De la Chica que comparezca.

El secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, lamentó hoy que “las dos políticas fundamentales de una Comunidad como Andalucía que cuenta con 1,2 millones de parados, que son el empleo y la educación, estén sometidas a acusaciones por casos de corrupción” y se preguntó “si hay alguna consejería que se pueda salvar y que no esté salpicada por manchas de corrupción”.

Durante su intervención en una rueda de prensa en la sede del PP andaluz, Sanz se refirió así a la noticia publicada en diversos medios sobre un presunto delito de malversación de fondos públicos que deberían haberse dedicado a obras en reformas de colegios de Cádiz y que, al parecer, no llegaron a llevarse a cabo y afirmó que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tendrá que dar explicaciones durante el debate del Estado de la Comunidad sobre ésta y otras cuestiones.

Sanz señaló que “hay muchas responsabilidades” y que “pueden existir muchos responsables” y por ello, anunció que el PP se va a personar ante la Justicia en este caso como acusación popular “en defensa de la transparencia, de la claridad y del dinero de los andaluces”, al considerar que “el Gobierno, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, se negará a la investigación en al Parlamento”, informan los populares en nota de prensa.

Asimismo, afirmó que “los populares quieren saber quiénes son los responsables de esta trama” y preguntó por la relación de la que fuera candidata socialista en la provincia de Cádiz, Marta Meléndez, con este asunto, ya que, según explicó, “ésta fue la administradora del ente hoy denunciado en los Tribunales por la Fiscalía”.

«Salvo que alguien nos diga que una administradora de un ente público no sabe los papeles que firma o que le pasan por delante, desde luego, sospechamos que hay una altísima responsabilidad en esta dirigente política que ni más ni menos ha sido la candidata del PSOE en la ciudad de Cádiz», puntualizó.

Sanz aseguró que “el PP cree que las acusaciones vertidas por la Fiscalía y que han conllevado la actuación por parte de juez en Cádiz son de extrema gravedad y suponen la confirmación de la existencia de una trama de empresas vinculadas y cercanas al PSOE y a dirigentes de este partido en este caso una vez más para presuntas facturas falsas”.

En este sentido, aseveró que “hay muchas preguntas que plantear” y una «gravísima» imputación de una presunta malversación que puede llegar a los 3,6 millones de euros en Educación.

«Aquí hay una posible trama de contrataciones irregulares, hay la posible malversación de fondos públicos, hay un posible delito continuado de falsedad en documento mercantil y, en definitiva, lo que parece que hay es un entramado que es necesario saber si se beneficiaba de manera privada a empresas o si había alguna relación directa entre el PSOE y estas empresas beneficiarias».

Sanz indicó que “hay cosas que no se pueden entender” como, por ejemplo, “cómo se contrataba a empresas que no tenían trabajadores para realizar trabajos y que no tenían dados de alta a ningún trabajador”. «Nadie sabe dónde está parte del material que se contrataba. Se hacían obras que, en algunos de los casos contratados, no llegaban a ejecutarse ni el 20% de éstas. Creemos que la situación es de una enorme gravedad», apostilló.

Asimismo, apuntó que “el PP se pregunta si esta trama se extiende más allá de la provincia de Cádiz” e incidió en que quieren conocer “si se extiende a la actuación del conjunto de las provincias andaluzas”. También reclamó “una explicación inmediata” por parte del consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, que, según dijo, «ha guardado silencio hasta ahora de manera vergonzosa, cobarde y queriendo escurrir el bulto de su responsabilidad».

«Una cosa es tener una administración paralela y otra es no asumir la responsabilidad política. El PP denuncia que ésta es una de las consecuencias del descontrol que existe y que es resultado de la administración paralela y del sector público creado por la Junta», agregó.

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