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Andalucía

Los populares centran su querella en el entorno del ex consejero

El Partido Popular de Andalucía presentará este lunes en los juzgados de Sevilla su querella dirigida contra 26 personas entre altos cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

En rueda de prensa, la portavoz del Partido Popular de Andalucía, Rosario Soto, ha anunciado que el próximo lunes su partido presentará en los juzgados de Sevilla una querella dirigida contra un total de 26 personas presuntamente relacionadas con Expedientes de Regulación de Empleo irregulares.

En dicha lista aparecen altos cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía, como por ejemplo el exconsejero de Empleo Juan Antonio Fernández; además de intermediarios y beneficiarios de los diversos ERE.

Soto ha detallado los pormenores de la querella, que acoge los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cochecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos y mercantiles.

El escrito del PP-A sitúa el origen en el convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que posteriormente se llamaría Agencia IDEA, suscrito el 17 de julio de 2001 por el entonces consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, y el que era presidente del IFA, Antonio Fernández.

Al respecto, Los populares consideran que «al objeto de solventar los problemas de legalidad de las subvenciones concedidas a empresas se ideó un sistema por el que seguir otorgando las subvenciones excepcionales a empresas en crisis o en proceso de reestructuración». También apuntan que eñ volumen total de fondos transferidos desde 2000 hasta 2010 asciende a 647.869.157,45 euros.

Por otro lado, la querella analiza el Presupuesto, su liquidación, los programas de actuación, inversión y financiación del IFA-IDEA y sus cuentas anuales en relación con el programa 3.1.L. y a la imposibilidad de distribuir subvenciones excepcionales a través de entidades colaboradoras, según la Instrucción 5/1997 de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el artículo 106 de la Ley General de Hacienda Pública.

La respuesta del Gobierno Andaluz

Ante esta noticia, el PSOE no ha esperado para manifestar su opinión. La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino y ex consejera del Gobierno andaluz, Rosa Aguilar, ha subrayado, sobre el caso de irregularidades en los ERE, que la Junta ha puesto toda la información y documentación a disposición judicial, lo cual manifiesta y muestra que el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, es «el primero que quiere llegar hasta el final».

En declaraciones a los periodistas en Málaga, Aguilar ha indicado que el hecho de que la Junta se haya personado como parte acusadora en el ámbito judicial significa claramente que «transparencia plena, colaboración con la justicia y depuración de responsabilidades a quien haya a lugar en ese ámbito judicial».

Mientras, la consejera de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha sido más dura y ha atacado al PP considerando que lo único que hace la oposición es «intentar estirar y estirar» este caso y comentando que «resulta bastante patético ver a Javier Arenas enarbolando papelillos, haciendo un gran papelón», en unas declaraciones a unos periodistas en Jaén.

En su opinión, esto «a veces parece el mundo al revés», puesto que «la Junta de Andalucía ha acusado, la Junta ha denunciado y ha investigado» mientras que el PP «lo único que intenta es generar confusión».

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