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Recio ha comparecido para explicar que las irregularidades ascienden a 146 casos
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Las irregularidades de los ERE ascienden a 146 casos

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Manuel Recio ha elevado a 146 el número de ERE fraudulentos. De esta cifra, 59 forman parte de irregularidades de ajenos y 87 son “discrepancias administrativas”, según ha manifestado el consejero de Empleo de la Junta de Andalucía. Estos datos suponen un 2,77 por ciento de los “ERE vivos”.

 

 

El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, ha elevado a 146 las irregularidades y «discrepancias administrativas» encontradas en el total de expedientes de regulación de empleo (ERE) revisados en la investigación interna de la Junta de Andalucía.

Recio ha destacado que de las 146, un total de 59 forman parte de las irregularidades de ajenos, es decir, aquellas en las que las personas acogidas al ERE no tienen ninguna relación con la empresa de la que se ha prejubilado; y 87 son «discrepancias administrativas», puesto que tales personas «han tenido alguna relación laboral, aunque no queda clara la vinculación».

Según ha explicado Recio, se han revisado un total de 5.273 trabajadores afectados por ERE, de los 5.563 trabajadores acogidos a algún expediente de regulación de empleo ‘vivo’.

De igual manera, ha detallado que más de un 97 por ciento de los trabajadores revisados “no han presentado ningún problema”. Además, ha destacado que de los 64 ERE investigados, un total de 32 presentan 146 presuntas irregularidades, algo que supone el 50 por ciento de los ERE analizados.

Irregularidades en el 2,77 por ciento de los ERE vivos

Manuel Recio, ha anunciado que se han detectado irregularidades o «discordancias administrativas» en el 2,77 por ciento de los casos. En una entrevista a la Cadena Ser le preguntaron por el motivo que ha impedido que la Junta detectase estas irregularidades con anterioridad a lo que Recio señaló que «no hay ningún procedimiento administrativo en el mundo que no esté sujeto a que, a pesar de los controles, haya finalmente alguien que los vulnere».

El consejero de Empleo también ha defendido «sin lugar a dudas» la labor de José Antonio Viera y Antonio Fernández, en la gestión de los fondos de empleo destinados a ERE.  

«Lo que han hecho mis antecesores en el cargo es saber lo mejor que sabían hacer en unas circunstancias y sobre una política sociolaboral que ha distinguido en Andalucía el hecho de que trabajadores que se encontraban en circunstancias especiales porque no podían continuar con su vida laboral han encontrado un apoyo por parte de la Junta», ha añadido. 

Recio también se ha referido a las palabras de Arenas, quien afirmó que Griñán sabía, “tapó y siguió autorizando” las irregularidades de los ERE, por lo que ha defendido al presidente de la Junta diciendo que éste “siempre ha actuado con rectitud en este asunto» tanto ahora como en su anterior responsabilidad como consejero de Economía y Hacienda.

Nuevo procedimiento para la concesión de ayudas

El consejero de Empleo también ha anunciado que cambiará el procedimiento de regulación de la concesión de las ayudas sociolaborales a los trabajadores afectados por expedientes de EREs, para que «los preceptores de las ayudas sean exclusivamente los trabajadores», así se «garantizará la cobertura social de los trabajadores» y se «facilitará la reestructuración de empresas con dificultades económicas».

Según ha indicado Recio, este nuevo procedimiento está inspirado en dos programas que fueron impulsados por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en su etapa como Ministro de Trabajo: el programa de ayudas regulado por el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, donde se dan las ayudas a trabajadores afectados por un proceso de reestructuración de empresas destinadas a atender la situación de necesidad sociolaboral; y el programa de ayudas consensuada con los agentes socioeconómicos, que busca afianzar el posicionamiento económico de empresas para garantizar su viabilidad y competitividad.

Además, ha resaltado que el régimen de control de las ayudas sociolaborales se realizará mediante la fiscalización previa del gasto, lo que ha considerado «un cambio fundamental en el proceso de control de las mismas».

En cuanto a los informes de la Intervención General, Recio ha explicado que a partir de 2005 ésta reiteró en varios informes su «disconformidad» con el procedimiento escogido por la Junta de Andalucía. Por eso, en 2008 la Intervención realizó una auditoría sobre un muestreo aleatorio sobre 20 expedientes, que «consideró correctos desde el punto de vista de la gestión de los recursos, pero no del procedimiento».

La Fiscalía recibe las diligencias por las supuestas irregularidades

La Fiscalía Superior de Andalucía ha remitido a la Fiscalía toda la documentación y las diligencias incoadas dentro de la investigación sobre posibles «irregularidades graves» y «fraude» en la gestión de las ayudas europeas al empleo en la comunidad autónoma de Andalucía. Una vez recibida toda la documentación, el Ministerio Público procederá a estudiarla antes de tomar una decisión al respecto.

Sobre este asunto, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya señaló que este supuesto «fraude», que ha sido investigado por la Guardia Civil y la Fiscalía Superior de Andalucía, afecta a empresas particulares todas las provincias andaluzas, excepto a Huelva.

Según explicó Conde-Pumpido, el presunto «fraude» se producía cuando estas empresas particulares recibían subvenciones por la creación de puestos de trabajo, pero estos puestos «no se mantenían» con posterioridad.

Sanz sostiene la visión de Arenas

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha afirmado que el consejero de Empleo, Manuel Recio, «ha reconocido» que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, «supo, tapó y permitió que se siguieran haciendo estas ayudas», alegando que ya en 2005, siendo Griñán consejero de Economía y Hacienda la Intervención, les dijo que el procedimiento era «inadecuado para financiar estas ayudas y que la tramitación era incorrecta».

Asimismo, ha criticado que cada vez que el consejero de Empleo, Manuel Recio, comparece es para anunciar que «se duplica» el número de irregularidades. «Estudie sus comparecencias, de seguir así llegaremos a centenares de irregularidades», ha apuntado.

IU solicitará la reforma del reglamento

Por su parte, el diputado por IU, Pedro Vaquero ha señalado que pedirán una reforma del reglamento para que las Comisiones de Investigación no sean vetables y propondrá que baste con que tres quintas partes de la Cámara la acepte.

En cuanto al reglamento de los EREs, ha indicado que es «la hora de ir alumbrando soluciones y no sólo denuncias» y ha pedido conocer qué elementos va integrar este nuevo reglamento, como criterios y procedimientos de autorización de los ERE, cómo va a ser la concesión de ayudas financieras, si se van a prohibir mediadores ajenos a la Consejería, etc.

Ángel Javier Gallego habla de “fascismo funcional”

El diputado del PSOE, Ángel Javier Gallego Morales, ha destacado que «cuando se atribuyen culpas sin un juicio previo estamos ante un fascismo funcional» y ha resaltado que el «PSOE no va a llevar en sus listas ningún imputado por corrupción».

Gallego también ha destacado que Recio consiga que se devuelva para Andalucía «hasta el último céntimo», algo que ha pedido también para el resto de partidos políticos. Así, ha defendido al Gobierno andaluz al expresar que “le enorgullece que haya estado atento ante estas actuaciones para paliar los efectos y cambiar la dinámica económica en estas zonas», ha subrayado, a lo que ha añadido que «van a seguir apoyando este tipo de ayudas».

Moreno valora “el bajo porcentaje de irregularidades”

La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha valorado el bajo porcentaje de irregularidades detectadas en la investigación interna llevada a cabo por la Junta de Andalucía, un dato que, dice, demuestra la «enorme falsedad» que el PP ha utilizado para «intentar descalificar» un conjunto de ayudas para empresas y trabajadores en crisis.

Además, ha dicho que «ya podemos saber que apenas el 1 por ciento corresponde a personas ajenas a las empresas, es decir que el 99 por ciento de las ayudas para prejubilaciones han tenido como destino trabajadores honestos que tenían perfecto derecho a percibirlas», aunque en algunos de los casos, ha precisado, «haya alguna cuestión administrativa subsanable».

«Eso significa que se han ido utilizando por parte del PP la exageración y la teatralización para intentar descalificar un conjunto de ayudas que han servido para que muchas comarcas y empresas de Andalucía mantuvieran actividad económica y para que muchos trabajadores pudieran superar la crisis», ha incidido.

Más y más acusaciones entre PSOE y PP

Continúa la línea de sendos partidos: acusaciones y descalificaciones. La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, ha lamentado la «alarma social» que el PP-A ha pretendido crear con el asunto de irregularidades, al tiempo que ha demandado al presidente del PP-A, Javier Arenas, que aplique ante los casos de «corrupción» que están saliendo en filas ‘populares’ la «misma contundencia y transparencia» que el Partido Socialista.

Díaz ha pedido a Arenas que tome medidas «en casos como el del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga o en el caso de la representante parlamentaria de Lanjarón, que está acusada de manipular el censo, algo tan grave como manipular unas elecciones».

Además, la secretaria de Organización del PSOE-A se ha preguntado por qué «los que ahora se rasgan las vestiduras aquí en Andalucía, creando alarma social donde no la hay, no contestaban a las preguntas en el Parlamento valenciano al presidente Francisco Camps, que ni siquiera eran calificadas para que no entraran en las sesiones, y que tuvo que ser obligado finalmente por un juez».

Para Susana Díaz, con la comparecencia de Manuel Recio este jueves en el Parlamento «ha quedado patente la voluntad de transparencia y colaboración de los socialistas».

Valderas: “Cuanto más se tira del hilo más necesaria es una comisión de investigación”

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha considerado que, «cuanto más se tira del hilo» en el asunto de las irregularidades detectadas en los EREs, «más necesaria» se hace la creación de una comisión de investigación en sede parlamentaria, palabras que declaró después de que Recio afirmara que las irregularidades ascendían a 146. De hecho, a razón de esta cifra, Valderas ha apuntado que queda de manifiesto «que no se trata de cuatro pillos, sino de una compañía de pillos».

En esta línea, Valderas ha afirmado que su formación va a seguir insistiendo en que se devuelva «hasta el último euro de lo robado» y en la celebración de una comisión de investigación.

Además, ha criticado la estrategia «evasiva» por parte del Gobierno andaluz en este sentido. «Tendría que ser valiente y hoy habría sido un buen día para anunciar la puesta en marcha de la comisión de investigación», ha concluido.

CCOO-A  pide responsabilidad política

El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha señalado que el tratamiento de las presuntas irregularidades detectadas en EREs hacen un «flaco favor» a «miles de trabajadores a los que se les está generando una incertidumbre«, así como a las empresas a las que les está haciendo «daño» con el «deterioro» de un instrumento que «sigue siendo válido» para resolver problemas.

Carbonero ha incidido en el «entorno hostil» que se está generando frente al citado instrumento laboral que ha sido usado por 1.300 empresas en 2010 y que ha afectado a unos 380.000 trabajadores en la Comunidad Autónoma andaluza.

Por otra parte, Carbonero también se ha referido a los supuestos usos irregulares de subvenciones europeas por parte de determinadas empresas que estaban encaminadas a la contratación de personal, unos hechos que, según él, ya se habían criticado anteriormente desde CCOO. Así, ha achacado la «creciente economía sumergida» a la «falta de inspección de trabajo», de la que ha responsabilizado tanto al PP «que ya la empezó a desmantelar» como al PSOE «que la ha continuado en su Gobierno».

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