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El exalcalde de Alcalá de Guadaíra a su llegada al Tribunal Supremo / Europa Press
Alcalá de Guadaíra

El Supremo archiva la causa contra Limones al prescribir su presunto delito en el caso ACM

El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Juan Ramón Berdugo ha acordado el archivo de la causa por presunta malversación y prevaricación contra el exalcalde socialista de Alcalá de Guadaíra y actual diputado en el Congreso Antonio Gutiérrez Limones, por la gestión de la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM).

Berdugo ha decidido el archivo de la causa “por no ser los hechos constitutivos de infracción penal” en los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por omisión que se le imputaban en relación a presuntas irregularidades cometidas por Limones cuando era alcalde de la localidad.

“Falta acreditación”

En concreto, se investigaba la posible malversación de caudales públicos (vía ACM) para el pago de un viaje privado de Limones a Madrid, acompañado de su mujer y sus dos hijos. Dicho viaje supuso una facturación de 976,15 euros a la Agencia de Viajes del Corte Inglés, en concepto de billetes de tren, alojamiento en hotel y otros servicios en los parques temáticos Warner Bross y Faunia.

Según detalla el auto emitido hoy por el Alto Tribunal, falta “acreditación del pago y la documentación de la oficina de viajes”. La defensa de Limones alegó que tales facturas las pagó el propio exalcalde “con dinero extraído de su cuenta corriente”, y para justificarlo aportó “el extracto de los movimientos de dicha cuenta corriente durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2007, en los que se observa la extracción de 1000 euros en efectivo el mes de mayo, 1200 en el mes de junio, 900 euros en el mes de julio, y ninguna cantidad extraída en el mes de agosto”. Es decir, Limones declaró haber pagado al contado los gastos del viaje a partir de esas extracciones de dinero.

Por otra parte, el magistrado basa el sobreseimiento libre de la causa en la prescripción del posible delito, ya que desde que suceden los hechos (en julio de 2007) hasta que el Supremo incoa la causa (en noviembre de 2017) han pasado más de diez años; y el plazo de prescripción para tales delitos es de tres años.

“Prevaricación omisiva”

En cuanto a la prevaricación omisiva que se le imputaba a Limones en la gestión de ACM, el auto del Supremo declara que “no resulta posible afirmar” que existiese “voluntad permanente en el tiempo de impedir el control de la empresa municipal ACM”.

Berdugo no observa “la desatención de la petición de dotación de personal al órgano del Ayuntamiento encargado de dicho control (…), máxime cuando el alcalde solo recibió una petición en esa materia del interventor y no puede entenderse que las irregularidades fuesen un hecho notorio, no perteneciendo Gutiérrez Limones al Consejo Rector de ACM”.

Reacción

Poco después de darse a conocer el auto, Limones ha reaccionado a la noticia agradeciendo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y a la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, su apoyo durante estos años en los que ha estado investigado. El exalcalde de Alcalá, que se encontraba en el Congreso de los Diputados, ha destacado ante los periodistas que se trata de un “sobreseimiento libre” y que ha sido el propio fiscal el que lo ha solicitado y ratificado ante el juez, por considerar que no hay “ningún tipo de indicio de delito”. “No he sido absuelto de nada porque no he sido juzgado de nada”, ha apuntado.

Limones ha recordado que durante cuatro años su “nombre y honor” ha estado “arrastrado por el fango”, y ha agradecido a Sánchez su “consideración y respeto” y, “de manera muy especial”, a Díaz, porque ha tenido “siempre su apoyo incondicional en estos años que he sufrido un juicio paralelo”.

Antecedentes

La Sala II del Tribunal Supremo abrió causa penal contra Limones tras la exposición razonada del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra, que relataba una serie de hechos e indicios de delito en relación, entre otros, al aforado Gutiérrez Limones. El alto tribunal pidió un informe a la Fiscalía, que solicitó la apertura de causa penal y el nombramiento de instructor.

En la exposición razonada remitida por el Juzgado al Supremo, se explicaba que la causa tenía su origen en la grabación de una reunión del contable de la empresa pública ACM (constituida en 2001 y liquidada en 2013) con concejales del Ayuntamiento y personas vinculadas con el grupo municipal socialista, entre ellos la actual alcaldesa Ana Isabel Jiménez, donde el primero, sin saber que estaba siendo grabado, reconocía abiertamente una serie de irregularidades penalmente relevantes en el seno de la entidad.

La exposición razonada concluía afirmando que había indicios de la existencia de “una estructura cerrada y coordinada” dentro de los tres estamentos de la empresa ACM (Gerencia, Consejo de Administración y de la Junta General), “en la que mediante el incumplimiento deliberado de las obligaciones legales y estatutarias se llevó a la quiebra a la entidad pública y, finalmente, a la malversación de grandes cantidades de dinero público”. Y añadía que de  todas estas actuaciones era conocedor directo Gutiérrez Limones.

En ese sentido, siempre según la exposición razonada, la investigación detectó que la empresa habría pagado un viaje de Gutiérrez Limones, su mujer y sus hijos a Madrid que no tendría nada que ver con el cometido de la empresa municipal.

Aparte de estos posibles actos directos de malversación, la exposición destacaba la no adopción por el aforado de medidas “a las que estaba obligado legal y estatutariamente para evitar el saqueo de la entidad pública, circunstancia de la que era conocedor desde el inicio, por las manifestaciones reiteradas del interventor y de los asistentes a la reunión con el contable; a pesar de lo cual se aprobaban año tras año las transferencias desde la Junta de Gobierno Local a favor de ACM hasta un total de 13 668 300,50 euros”.

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