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Alcalá de Guadaíra

El Ayuntamiento de Alcalá pagó un sobrecoste de 20.000 euros en la encuesta de 2010

La comisión que investiga la encuesta política retirada en Alcalá sigue sin conclusiones

Gutiérrez Limones destina casi 50.000 euros a optimizar su imagen en una encuesta

La encuesta encargada por Alcalá Innova en 2010 supuso un gasto de 20.000 euros más en dietas y desplazamientos, pese a que estos conceptos estaban incluidos en el presupuesto de ejecución inicial. La empresa adjudicataria compartía propietario con otra de las que optaron al estudio por lo que la oposición habla de «adjudicación guiada».

La comisión de investigación acerca de las encuestas realizadas en Alcalá de Guadaíra aún está sin conclusiones tres meses después de su creación. Sin embargo, ha servido para conocer más detalles sobre los procesos de licitación y adjudicación de los últimos estudios sociales.

En el mes de abril de 2010, un año antes de las últimas elecciones municipales, la Fundación Alcalá Innova, dependiente del Consistorio alcalareño, autorizó la realización de una encuesta bajo la denominación de ‘Diagnóstico de Percepción Ciudadana’. El presupuesto de ejecución fue de 54.868 euros (la encuesta retirada este año alcanzaba los 49.000 euros) y la empresa adjudicataria resultó ser Análisis e Investigación S.L.

En el pliego de condiciones, se recoge que el adjudicatario tenía que correr con todos los gastos para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, incluyendo gastos generales, financieros, seguros, transportes, dietas y desplazamientos.

Sin embargo, según ha podido saber Sevilla Actualidad, durante los trabajos de la comisión, el concejal popular Francisco Bautista ha tenido acceso a dos facturas por valor de 20.000 euros que el Ayuntamiento había aceptado en concepto de dietas y desplazamientos para la realización de dicha encuesta pese a que estos conceptos estaban ya incluidos en la asignación inicial.

Asimismo, el Grupo Popular denuncia que en dicho estudio se incluyeran preguntas no recogidas en el pliego de contratación, centradas en conocer la valoración del equipo de Gobierno y del alcalde. En el pliego técnico sólo aparecen que se realizarán preguntas de valoración sobre proyectos municipales y la gestión municipal, por lo que desde las filas populares califican esta encuesta de “política”.

Los populares critican asimismo la adjudicación realizada por la fundación puesto que de las tres empresas que optaron a la adjudicación, dos comparten propietario y la actividad de la tercera no son estudios sociológicos, sino económicos.

El PP de Alcalá apunta a que la última encuesta encargada por el Ayuntamiento de Alcalá en 2010, a través de la Fundación Alcalá Innova, fue una claro ejemplo de una “encuesta política que obedeció a una adjudicación guiada” por el equipo de gobierno. Los populares afirman que este procedimiento es el mismo que el gobierno municipal quiso llevar a cabo este año y que retiró el pasado mes de abril ante la presión de la oposición.

En 2005 se canceló otra «encuesta política»

La encuesta realizada en 2010 se suma a las denuncias que la oposición hizo con otro estudio encargado en 2005 que incluía preguntas de índole política, aspecto que el gobierno socialista atribuyó a «un error» entre el gerente de la Fundación, por entonces, Marcelino Colete, y la empresa que aquel año desarrollaba el estudio de percepción para el Plan de Desarrollo Sostenible de Alcalá (PDSA). En aquel momento, el Partido Andalucista denunció la realización de preguntas propias de una encuesta electoral a pie de calle, incluso con el logotipo de la propia Fundación.

Tras la queja del PA, el gerente solicitó a la empresa la paralización de las cuestiones políticas denunciadas y atribuyó el «error» a una confusión en la interpretación de unas conversaciones entre el propio Colete y el responsable de la empresa que realizó el estudio.

El entonces concejal andalucista, Francisco Rubio, expuso al alcalde su preocupación porque «una encuesta pagada con dinero de todos los alcalareños pueda sondear aspectos puramente electorales como la valoración del alcalde o asuntos de la exclusiva incumbencia de los partidos políticos».

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