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Alcalá de Guadaíra

El PP de Alcalá denuncia que ACM ofrece quitas a proveedores para cobrar facturas pendientes

El Partido Popular asegura conocer, de parte de acreedores de la empresa pública de comunicación, que se ofrecen quitas de hasta el 50% en el pago de deudas a algunos proveedores.

El Partido Popular de Alcalá de Guadaíra ha denunciado que «se están llevando a cabo quitas en las deudas de la empresa pública de comunicación, Alcalá Comunicación Municipal (ACM), para poder cobrar parte de las facturas pendientes». Según los ‘populares’, «han sido los propios acreedores de la empresa pública, en fase de liquidación, quienes les han transmitido esta información».

“Este procedimiento”, señalan desde el grupo popular, “está recogido dentro de la ley concursal y debe ser presentado ante un juez para garantizar los derechos de los acreedores”, si no, puede pasar como así está sucediendo, que “unos acreedores cobran el 100% de su deuda mientras que otros se les rebaja hasta en un 50%”.

«Nos parece deleznable y de una falta de escrúpulos absoluta, que se hagan quitas en las deudas de una sociedad pública, y más grave aún, que se hagan distinciones entre unos proveedores y otros, a unos les descuentan más y a otros menos”, afirman desde el PP. De este modo, el grupo popular y sus servicios jurídicos, están estudiando sobre la posible ilegalidad del procedimiento llevado a cabo por la sociedad municipal para el pago de deudas a proveedores, “no obstante”, aseguran los populares, “

Según la responsable popular, María del Carmen Rodríguez Hornillo, «esto es la gota que colma el vaso». «Tanto la gestión de la sociedad pública de comunicación, mientras mantenía actividad, como su disolución, no son más que un cúmulo de despropósitos y un claro ejemplo de que el Gobierno socialista hace y deshace a su antojo y, lo que es más grave, realiza sus manejos con el dinero de todos los ciudadanos».

El grupo ‘popular’, ha recordado que «recientemente se ha aprobado realizar una transferencia desde el Ayuntamiento por valor de 450.000 euros para saldar la totalidad de las deudas de esta empresa pública». Sin embargo, han añadido, «al realizar las quitas que se están aplicando a distintos acreedores, surge la duda de que si la transferencia realizada desde el Ayuntamiento es para pagar el total de deudas qué se está hace con el dinero que sobra de las quitas».

En este sentido, la presidenta del PP de Alcalá de Guadaíra ha afirmado categóricamente que «es indecente que ahora, tras una gestión nefasta del dinero público invertido en una sociedad pública, se pretenda discriminar a unos acreedores de otros para poder cobrar parte de la deuda». «El Gobierno socialista tiene la obligación ética y legal de pagar a todos sus acreedores el 100 por cien de sus deudas«. Rodríguez Hornillo ha dicho que «no es extraña esta actitud, ya que es de sobra conocida por todos los ciudadanos la afición socialista de encargar trabajos para luego tratar de no pagarlos».

Trasvase de ACM a Innovar Alcalá

El Partido Popular ha señalado que lo que el ejecutivo socialista está haciendo con la empresa pública de comunicación ACM, no es una disolución de una empresa deficitaria a cargo de las arcas públicas, “es un borrón y cuenta nueva para continuar con su actividad dentro de otra sociedad municipal, Innovar Alcalá”.

“De hecho”, afirman desde el grupo popular, “toda la estructura de ACM, pasa íntegra, incluyendo su gerente -José Luis Díaz Aragón- a Innovar Alcalá donde los alcalareños seguiremos pagando la publicidad de Gutiérrez Limones, como así ha sido hasta la fecha”.

Respuesta del Gobierno municipal

Ante estas críticas del PP, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, a través de la portavoz municipal, María José Borge, ha querido pronunciarse añadiendo que “lo que debería hacer el PP es dejar trabajar a la comisión liquidadora, que en todo momento está cumpliendo con lo establecido por la legislación mercantil”.

Frente a las acusaciones de la portavoz popular, Borge pide que “este grupo diga qué proveedores no están de acuerdo con la liquidación, en lugar de erigirse en portavoz de un grupo de empresas con las que ya se han acordado unas condiciones de liquidación”.

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